El Programa Las Víctimas Contra Las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la coordinación de la Dra. Eva Giberti, tiene como finalidad principal poner en conocimiento de la víctimas cuáles son sus derechos para exigirle al Estado el respeto de los mismos y la sanción de las personas violentas que la hayan agredido. De este modo, se busca que la víctima supere su pasividad y reclame por sus derechos.

miércoles, 22 de mayo de 2013

"Argentina asesinada"

Publicado en Página/12. "Sociedad". 
16.02.2013

Una argentina de 33 años, que estaba embarazada, fue asesinada de dos tiros en la cabeza en la ciudad brasileña de Belo Horizonte y por el crimen inicialmente fue detenido su marido, aunque luego quedó libre por falta de pruebas. El cónsul adjunto en Belo Horizonte, Camilo Silberkasten, informó que la víctima es María Silvina Valeria Perotti, muerta el domingo y cuyo bebé de siete meses de gestación fue salvado, aunque ayer se encontraba internado en grave estado. La madre de Perotti viajó el jueves a Brasil para identificar el cuerpo, en tanto que el marido de la mujer, un brasileño, primero fue detenido y luego liberado.

"Las docentes de Tribilin, sin prisión"

UN JUEZ RECHAZO DETENER A LAS MAESTRAS ACUSADAS.

Publicado en Página/12. "Sociedad".
16.02.2013
 
Las cinco docentes y autoridades del jardín Tribilín de San Isidro, imputadas por el presunto maltrato a los niños, fueron beneficiadas con la eximición de prisión, por lo que no serán detenidas a esta altura de la investigación, como había pedido el fiscal del caso. La medida la tomó el juez de Garantías 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, quien además retó en su resolución al fiscal, a quien le recomendó que investigue más en lugar de pedir detenciones.

Sal Lari les otorgó la eximición de prisión a las cinco imputadas que tiene la causa: las docentes Yanina Gogonza y Noelia Gallardo; la madre de Gogonza, Graciela Di Pascuale; y las dos dueñas del establecimiento, Noemí Núñez y Mariana Buchniv.

El fiscal a cargo de la causa, Franco Servidio, había solicitado el miércoles pasado la detención de las cinco, y no sólo de dos, como había trascendido el jueves en los tribunales de San Isidro.

Al otorgarles la eximición de prisión, el juez Sal Lari no llegó a tratar el pedido de detención del fiscal, quien imputa a las docentes por el delito de “abandono de persona agravado”. El juez estableció que las imputadas pueden permanecer en libertad durante el proceso, porque no hay riesgo de fuga ni de que vayan a entorpecer la investigación.

El magistrado destaca en su fallo que “la actividad desarrollada (por el fiscal) no alcanza a satisfacer los extremos necesarios para definir el hecho”. Añade que Servidio “debería extremar todas las medidas a su alcance para sumar conocimiento a la investigación, con la premura que el caso exige, antes de requerir encierro como solución a los conflictos penales”. Para Sal Lari, “sólo arbitrariamente puede afirmarse como acreditados los extremos objetivos y subjetivos del tipo penal escogido”, es decir la calificación de “abandono de persona agravado” que había hecho el fiscal.

Diego Hernalles, el padre que inició la investigación al colocar un Ipod con grabador en la mochila de su hija al sospechar de que era maltratada, dijo que “no estamos contentos, tenemos abogados, y cuando el abogado tome conocimiento de la notificación del juez le preguntará los motivos de su decisión”.

"Un enroque para frenar causas de DD.HH."

LA CORTE SUPREMA DE URUGUAY DESPLAZO A LA JUEZA MARIANA MOTA DEL FUERO PENAL. Mota tramitaba cincuenta causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura. Estaba en la mira de militares que criticaron su participación en la marcha del silencio en reclamo por los desaparecidos. 

Publicado en Página/12. "El Mundo".
15.02.2013
 
En un enroque que despertó la indignación de los organismos de derechos humanos, la jueza uruguaya Mariana Mota fue apartada del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 7º turno donde tramitaba cincuenta causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura. Anteayer la Suprema Corte de Justicia la destinó al fuero civil, donde reemplazará a Loreley Opperti, jueza ascendida al rango de ministra del Tribunal de Apelaciones. Beatriz Larrieu, por su parte, tomará el lugar de la jurista desplazada por motivos no explicados, pero cercanos a una sanción. “Se le habían sacado varias tarjetas amarillas. Era una cuestión de tiempo”, publicó el diario El Observador citando declaraciones de un ministro de la SCJ brindadas al semanario Búsqueda. En solidaridad con Mota, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, HIJOS Uruguay, la Asociación de Ex Presos Políticos Crisol y la Federación de Estudiantes Universitarios, más el Colectivo de Denunciantes Octubre de 2011, convocaron a concentrarse hoy a partir de las 10 frente a la Corte.

Aunque intempestivo, el desplazamiento de Mota es la crónica de una salida anunciada: estaba en la mira de militares críticos a los juicios por violaciones a los derechos humanos y de un sector de la prensa que suele amplificar voces como la de Guillermo Cedrez, difundida por el diario El País. “El militar retirado insistió en que Mota cometió ‘irregularidades de todo tipo’ y aseguró que no era ‘imparcial’, algo ‘inadmisible para un juez’”, cita el medio uruguayo, en su edición de ayer, al presidente del Círculo Militar. “Aún hay gente que es independiente. Esto es una demostración clara de eso”, afirmó a ese diario Cedrez. El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló que el organismo entendió que la doctora Mota “ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera”. Y agregó: “Tuvo algunos sumarios, algunos de los que ya terminaron sin responsabilidad para ella”.