La procuradora Gils Carbó tiene desde ayer una unidad especializada para casos de apropiación de niños. |
INICIATIVA DE LA PROCURACION GENERAL PARA MONITOREAR CAUSAS Y REALIZAR SUS PROPIAS INVESTIGACIONES. La procuradora Gils Carbó designó como coordinadores a los fiscales Niklison y Parenti. La iniciativa responde a un reclamo de Abuelas y a obligaciones pendientes del Estado argentino con organismos como la CIDH.
Publicado en Página/12. "Sociedad".
Miércoles, 24 de Octubre de 2012.
Por Irina Hauser
La Procuración General tiene desde ayer una unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado que realizará un monitoreo de las causas en trámite, hará sus propias investigaciones preliminares y armará una base de datos para detectar patrones comunes que puedan llevar a dar con más jóvenes apropiados. A la vez se ocupará de garantizar que todos los fiscales apliquen un nuevo protocolo con medidas específicas ante la sospecha de que una persona pueda ser hija de desaparecidos. La procuradora Alejandra Gils Carbó designó como coordinadores del área al fiscal Martín Niklison, quien actuó en el juicio sobre robo de niños en la última dictadura, y a Pablo Parenti, segundo de la Unidad de Coordinación de causas de lesa humanidad. Ambos quedaron facultados, además, para intervenir como fiscales coadyuvantes en causas en trámites que requieran refuerzos para avanzar. La iniciativa responde en parte a un reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo, a las propias conclusiones de los especialistas de la Procuración y a las obligaciones internacionales pendientes del Estado argentino.
La resolución de Gils Carbó que crea la nueva Unidad recuerda que si bien ya se registran 51 condenas por apropiación de niños y se ha restituido la identidad a 107 hijos de desaparecidos “aún restan ubicar cerca de 400 niños más que continúan siendo víctimas de estos crímenes aberrantes”, según la información aportada por Abuelas. Pero incluso la Unidad de Derechos Humanos, que integra Parenti –advierten los fundamentos–, “ha venido detectando serios obstáculos para el avance eficaz de esta clase de investigaciones” y “ha señalado la necesidad imperiosa de implementar medidas orientadas a elevar la eficiencia” de la intervención de los fiscales y “a acortar los plazos insumidos por la instrucción de algunos de estos procesos, que suelen prolongarse innecesariamente”.
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