UNA NORMA DISPONE COMO SE DEBEN PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES. En la reglamentación de la Ley de Salud Mental, el Poder Ejecutivo establece un criterio de atención integral y fija que los pacientes podrán disponer de directivas anticipadas sobre su salud mental, para consentir o rechazar determinados tratamientos. Los otros derechos.
Publicado en Página/12. "Sociedad".
30.05.2013
La presidenta Cristina Kirchner reglamentó ayer la Ley Nacional de Salud Mental, que establece como premisa “una perspectiva de salud integral, garantizando todos los derechos establecidos” en la norma, cuyo eje “deberá estar puesto en la persona, en su singularidad, más allá del tipo” de afección que padezca. En su artículo cuarto se señala que los “servicios de salud” que se prestarán tendrán “un sentido no restrictivo” ante “toda propuesta o alternativa de abordaje tendiente a la promoción de la salud mental, prevención del padecimiento, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y/o inclusión social, reducción de daños evitables o cualquier otro objetivo de apoyo o acompañamiento que se desarrolle en los ámbitos públicos o privados”. El viceministro de Salud nacional, Eduardo Bustos Villar, sostuvo que se trata de “la ley más progresista de la región”, porque el modelo de atención que se propone “está basado en el respeto a la persona en toda su integridad, a los derechos humanos y favoreciendo su inclusión social”.
Como órgano de aplicación de la ley, se crea la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, que funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, siendo la autoridad máxima la cartera de Salud. El ministerio deberá convocar a “organizaciones de la comunidad que tengan incumbencia en la temática, en particular de usuarios y familiares, y de trabajadores, para participar de un consejo consultivo de carácter honorario”.
El objetivo es que en ese ámbito se “expongan las políticas que se llevan adelante y escuchar las propuestas que se formulen” para llevar a la práctica aquellas que se consideren convenientes. La ley establece, además, que todos los sistemas de salud, tanto públicos como privados, deben adecuar su cobertura a las previsiones de la ley de salud mental. También se establece que los usuarios de drogas quedan comprendidos en el área de salud mental, por lo que las granjas de rehabilitación también deberán adecuarse a la norma.
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