El Programa Las Víctimas Contra Las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la coordinación de la Dra. Eva Giberti, tiene como finalidad principal poner en conocimiento de la víctimas cuáles son sus derechos para exigirle al Estado el respeto de los mismos y la sanción de las personas violentas que la hayan agredido. De este modo, se busca que la víctima supere su pasividad y reclame por sus derechos.

viernes, 12 de julio de 2013

"Los delitos que no murieron con Videla"

EL JUICIO POR LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN EL MARCO DEL PLAN CONDOR. El Tribunal Oral Federal 1 resolvió mantener dentro del juicio los casos por los que estaba imputado Videla, ya que pueden aportar pruebas sobre la figura de “asociación ilícita” con la que se acusa a los represores que intervinieron en el Plan Cóndor.

Publicado en Página/12. "El País".
28.05.2013

Hubo una decisión importante en el juicio por el Plan Cóndor. El eje sobrevuela nuevamente la figura del dictador Jorge Rafael Videla. De las 106 víctimas incluidas en el proceso, 44 lo tenían como único acusado. Muerto Videla, se abrió la pregunta acerca de qué iba a pasar con esos hechos, porque podían quedar afuera del juicio. A partir de un pedido de la fiscalía y de las querellas, el juez Pablo Laufer del Tribunal Oral Federal 1 –a cargo durante esta semana de la presidencia del juicio– habilitó la declaración de los testigos que iban a hablar sobre esos casos. Laufer entendió que sus testimonios ya “forman parte de la prueba común” del debate y pueden ser necesarios para consolidar elementos en torno de la figura de la “asociación ilícita” con la que se imputa a los represores del Cóndor. La fiscalía y querellas plantearon además otro eje: el derecho a la verdad de las víctimas.

“Hay otros factores”, dijo el fiscal Pablo Ouviña. “Hace 36 años que se está esperando resolver este tipo de hechos, el derecho a la verdad también es fundamento suficiente aunque lo anterior (la asociación ilícita) alcance para que ciertos hechos deban ser investigados.” Enumeró en ese sentido posiciones que recogen ese criterio de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros antecedentes, para señalar que el Estado tiene una responsabilidad para avanzar. A la posición del “derecho a la verdad” adhirió la querella del CELS y de Alberto Pedroncino. Sin embargo, el Tribunal no se pronunció sobre este punto. Tomó como eje suficiente para incorporar a los testigos el argumento de la “asociación ilícita”.

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