La presidenta
Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer un
decreto que prohíbe en todo el país la publicación de avisos de comercio sexual. La medida apunta a combatir la trata para explotación sexual –que puede estar encubierta en los anuncios– y a mitigar la discriminación que produce ese tipo de clasificados, al denigrar la condición femenina y contribuir a que persista la idea de la mujer como un mero objeto de consumo sexual. La jefa de Estado se preocupó por aclarar que “no es una condena a las mujeres” que “son objeto de este comercio” sino “a los medios” que publican los avisos y “a los que instrumentan” la explotación sexual. La iniciativa afectará a numerosos diarios nacionales y provinciales que facturan abultadas cifras por esos clasificados.
“Con la firma de este decreto hemos dado un gigantesco paso no solamente en la lucha contra la trata de personas”, sino también “contra la discriminación, porque la oferta sexual, fundamentalmente publicada en el rubro 59, no solamente es un vehículo en la comisión del delito de trata de personas, sino también es una profunda discriminación hacia la condición de la mujer”, señaló la Presidenta. CFK criticó además “la doble moral y la hipocresía” de ciertos medios que en sus primeras planas denuncian el problema de la trata y en las páginas de clasificados “lucran” con los avisos de oferta sexual que les dejan “pingües ganancias”.
Al inicio del acto se pasó un video donde se mostraron artículos de
Clarín que reclamaban medidas contra la trata y luego numerosos anuncios de su famoso rubro 59, de avisos de comercios sexual.
La mandataria firmó el decreto en el Salón de las Mujeres, de la Casa Rosada, secundada por
el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y los
ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak;
de Interior, Florencio Randazzo, y
de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. A un costado estaban otros ministros de su gabinete. En la primera fila la aplaudió
Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven tucumana desaparecida a manos de mafias de la prostitución, emblema de la lucha contra la trata en el país; a su lado estaba
Eva Giberti, titular del
Programa Las Víctimas contra las Violencias, de quien dependió originalmente la Oficina de Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia. Muy cerca de ellas, el juez federal de La Plata, Carlos Rozanski, y la abogada Perla Prigoshin, titular de la Comisión de Acción para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. Este organismo se encargaría de recomendar un régimen de sanciones a la violación del decreto, que debe establecer el Ministerio de Justicia.
El salón, que homenajea a mujeres reconocidas por la historia, estaba colmado de integrantes de ONG que trabajan por los derechos de las mujeres, y de activistas por la diversidad como Lohana Berkins, y la pareja formada por Alex Freire y Jose María Di Bello, primer matrimonio igualitario, que celebraron eufóricamente el anuncio. La prohibición de los avisos de comercio sexual es un reclamo de amplios sectores del movimiento de mujeres. La medida será de aplicación en todo el país. El decreto, que lleva el
Nº 936, se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial. La norma crea además una Oficina de Monitoreo de la Publicación de los Avisos de Oferta de Comercio Sexual en el ámbito del Ministerio de Justicia, que deberá vigilar el cumplimiento del decreto en forma articulada con
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (ex Comfer), que encabeza Gabriel Mariotto, y
el Consejo Nacional de las Mujeres. El decreto –al que tuvo acceso este diario– establece los pasos a seguir para la sanción a los medios que no cumplan con la prohibición.
El Gobierno se hizo eco de la preocupación de diversas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres que vienen planteando que los avisos hot pueden encubrir situaciones de trata, proxenetismo y explotación sexual de menores. De esa forma, algunos diarios –y revistas– pueden ser soporte y cómplices de mafias de trata y de prostitución. Pero al mismo tiempo, señalan las ONG, los contenidos e imágenes de los anuncios denigran a las mujeres, reafirman el estereotipo de la mujer-objeto sexual, transmiten la idea de un género femenino servil. Página/12 publicó en los últimos tiempos varias notas que dieron cuenta de ese debate. La última de ellas, el domingo pasado. A esos aspectos de los clasificados se refirió CFK. Y se ganó una ovación del público (ver aparte).
Textualmente el decreto 936 dice: “Se prohíben los avisos que promuevan la oferta sexual, con la explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres”.
La normativa se fundamenta en la
Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, en vigencia desde 2008, que en su artículo 4 determina que existe explotación –entre otros supuestos– cuando se promueve, facilita, desarrolla o se obtiene provecho de cualquier forma de comercio sexual. Y también en la
ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres –aprobada en 2009 y reglamentada en 2010–, que establece que el Consejo Nacional de las Mujeres deberá disponer acciones coordinadas con otras jurisdicciones para “prevenir, sancionar y erradicar la difusión de mensajes o imágenes” en medios de comunicación que “estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres”. Otros fundamentos jurídicos son diversos tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional.
En el Congreso, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano había presentado en 2010 un proyecto que contemplaba la limitación de esos anuncios, pero no llegó a tratarse. Este año, en la provincia de Buenos Aires, la diputada radical Cecilia Moreau presentó una iniciativa en el mismo sentido. Otras propuestas en legislaturas provinciales y comunales apuntaban a prohibir que se diera pauta oficial a los medios que los publicaran.
En España el tema se instaló como debate nacional en 2009. El Consejo de Estado, órgano superior de consulta del Gobierno, emitió un dictamen favorable al establecimiento de la prohibición de ese tipo de publicidad. En la Argentina, la Presidenta resolvió prohibirla por decreto.
