"Nueva embestida en contra de una ley"

EL GOBIERNO PORTEñO APELARA EL FALLO QUE DECLARO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN VETO. Rodríguez Larreta anunció que el Gobierno de la Ciudad recurrirá de nuevo a la Justicia por la ley sobre abortos no punibles. Esta vez será para apelar el fallo judicial que anuló el veto a esa norma y que ordenó ponerla en funcionamiento. 

Publicado en Página/12. "Sociedad".

10.07.2013

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apelará el fallo que declaró inconstitucional el veto de Mauricio Macri a la ley de aborto no punible, que la Legislatura porteña había sancionado en septiembre del año pasado. Lo adelantó el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, quien en una entrevista anticipó: “Vamos a apelar el fallo que declaró la inconstitucionalidad”. El abogado Andrés Gil Domínguez, que patrocinó el recurso de amparo de la legisladora porteña María Rachid (FpV), por el cual el juez Roberto Gallardo falló en contra del veto de Macri, dijo a este diario que contemplaban la posibilidad de la apelación. “Fundamentalmente, porque la declaración de inconstitucionalidad del veto es revolucionaria”, explicó el abogado.

El gobierno porteño dispondrá de tres días hábiles para elevar su apelación una vez notificado formalmente de la resolución de juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño Gallardo. Hasta ayer, feriado, la cédula judicial no había llegado, por lo que el plazo para apelar se extenderá hasta el fin de la feria judicial, que comienza el lunes.

En diálogo con Radio del Plata, el jefe de Gabinete porteño Rodríguez Larreta no dio precisiones sobre el tenor de la apelación ni adelantó los argumentos con los cuales la administración recurrirá la decisión judicial que ordenó promulgar y publicar en el Boletín Oficial la ley para aplicar el aborto no punible en la Ciudad.

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"Vuelta al mundo"

ISRAEL: Un juez dijo que algunas chicas disfrutan ser violadas
El juez Nisim Yeshaya se retiró hace cuatro años, pero todavía ejerce como presidente de tribunales administrativos. Y en una causa por el abuso sexual de cuatro hombres a una niña cuando tenía trece años (ahora tiene diecinueve años) sostuvo, durante una vista de la Comisión de Apelaciones de la Seguridad Social, que algunas chicas disfrutan ser violadas. Estas declaraciones generaron una ola de rechazos en el país. La presidenta de la Comisión Parlamentaria para el Status de la Mujer pidió a la ministra de Justicia que el magistrado sea retirado de sus funciones.
 

EL SALVADOR: La Iglesia contra Beatriz
Beatriz es la joven de 22 años con lupus e insuficiencia renal, y un hijo de 14 meses al que no ve desde mayo, que estuvo a punto de morir, ya que el Estado no la autorizaba a realizarse un aborto terapéutico para salvar su vida. Su embarazo era de un bebé anencefálico que murió a las cinco horas de nacer, después de una cesárea que le realizaron recién a la semana 27, después de una larga agonía de más de dos meses y de un reclamo internacional para salvarle la vida. Este martes, Beatriz fue dada de alta. Pero el arzobispo de San Salvador, José Luis Alas, afirmó que “Se hizo creer que ella se estaba muriendo (...) y se trata de conseguir un caso emblemático para conseguir el aborto”.
 

MÉXICO: Un funcionario les dice a las mujeres que es una vergüenza que estudien
En San Juan Chamula, Chiapas, sesenta y siete mujeres de la etnia tzotzil, la mayoría ya madres, lograron –a pesar de las trabas culturales, los obstáculos cotidianos y el machismo– terminar la escuela secundaria en el Instituto de Educación para Adultos (IEA). Sin embargo, cuando solicitaron a la asamblea Nichnamtic un predio para hacer una fiesta, se encontraron con el rechazo de las autoridades locales. Un funcionario, el presidente del Patronato de Agua Potable, Domingo Gómez Díaz, dijo que era una “vergüenza” que estudiaran y dijo que las mujeres indígenas “sólo sirven para la cocina” “y que bajo ninguna circunstancia se llevaría a cabo dicha ceremonia de graduación”.

Publicado en Página/12. "Suplemento LAS12".

14.06.2013

"El santo reloj de arena húmeda"

LA IGLESIA DE EL SALVADOR CRITICO EL CASO DE LA JOVEN BEATRIZ. A cuatro días del parto inducido de Beatriz, en el que murió la beba anencefálica, el arzobispo de El Salvador cargó en defensa de la ley natural. Cuestionó el caso como un intento para legalizar el aborto. Llegó incluso a poner en duda el diagnóstico médico.

Publicado en Página/12. "Sociedad".

10.06.2013

La Iglesia Católica siguió marcando el paso de la modernidad con un reloj de arena húmeda. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, aseguró ayer que el caso de Beatriz, la joven salvadoreña a la que se le practicó una cesárea tras denegársele el aborto, fue una “estratagema” para intentar legalizar esta práctica penalizada hasta admitir la muerte de la madre.

“Lo que se quiere –sostuvo el arzobispo– es abrir la puerta para que haya abortos en El Salvador. Esta es una estratagema que han usado en otros países”, aseveró Escobar tras la misa dominical en la catedral de la capital salvadoreña. Según el arzobispo, esa “estratagema” consiste en “buscar un caso emblemático para conseguir legalizar el aborto” y, por eso, en el caso de “Beatriz”, nombre ficticio, “se ha manipulado a la madre, a la familia de ella y a la sociedad misma con una intención torcida”, aseguró, sin decir palabra sobre los riesgos de la madre a perder su propia vida.

Más allá de la misa, la joven, de 22 años, sigue en el Hospital de Maternidad de San Salvador, donde el lunes dio a luz a una niña a través de una cesárea, aunque la beba murió horas después porque no tenía cerebro, una de las causas por las que Beatriz había pedido interrumpir el embarazo.

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"La cesárea que terminó con una polémica"

FINAL PARA EL CASO DE LA CHICA SALVADOREñA A QUIEN NO DEJABAN ABORTAR AUNQUE CORRIA RIESGO SU VIDA. Beatriz se recupera después de la práctica a la que fue sometida. También fue esterilizada, de acuerdo con un pedido suyo. El caso de la joven derivó en una campaña internacional y una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de El Salvador. 

Publicado en Página/12. "Sociedad".

05.06.2013

Un grupo de médicos en El Salvador le practicó una cesárea a Beatriz, la joven que tenía un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro) y que había solicitado un aborto terapéutico para poder salvar su vida. La joven de 22 años padece lupus e insuficiencia renal y el avance de la gestación ponía en peligro su vida. Luego de la intervención, los médicos informaron que Beatriz, quien fue esterilizada a petición propia, se recupera satisfactoriamente aunque todavía se encuentra en un período de alto riesgo. El feto, como se había previsto, falleció a las cinco horas.

El caso de Beatriz (nombre ficticio para proteger la identidad de la joven), a quien un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le negó un aborto terapéutico, acaparó la atención mundial y a su favor se movilizaron embajadas y decenas de organismos internacionales de derechos humanos.

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"Al final, un parto inducido"

EL CASO DE LA SALVADOREÑA QUE RECLAMA UN ABORTO 

Publicado en Página/12. "Sociedad".

01.06.2013

“Me siento muy bien, porque ya me lo van a hacer. Me lo dijeron los médicos; la otra semana me van a hacer la cesárea”. Beatriz, la joven salvadoreña enferma de lupus y embarazada de un feto sin cerebro a la que la Justicia le había negado un aborto terapéutico, dijo estar contenta porque el gobierno de El Salvador dejó “en manos de los médicos” la decisión de realizar no un aborto, pero sí un parto inducido para retirar del vientre materno un bebé que no tiene posibilidades de vida. “Quiero la cesárea, primero por mi salud y porque no va a vivir el niño. No está bien lo que me han hecho”, dijo en relación con las dilaciones judiciales y políticas. “Me han hecho sufrir, estar esperando todo este tiempo aquí en el hospital”. Ahora espera “con nerviosismo” la operación que le practicarán la semana próxima.

Beatriz –nombre supuesto para preservar su identidad– será sometida a una cesárea cuando se cumplan 26 semanas de gestación. La joven, de 22 años, mantuvo un contacto telefónico con la prensa desde el Hospital Nacional de Maternidad de San Salvador, donde se encuentra, luego de una gestión realizada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Etico y Eugenésico.

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"Con la urgencia de salvar una vida"

INEDITA ORDEN DE UNA CORTE INTERNACIONAL A UN PAIS PARA QUE SE PRACTIQUE UN ABORTO. Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interviene en un caso de aborto al ordenar a El Salvador realizar esa práctica a la joven Beatriz, que sufre una enfermedad que la coloca en riesgo de morir si continúa la gestación. El bebé es anencefálico.

Publicado en Página/12. "Sociedad". 

31.05.2013 

En una decisión histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), máximo tribunal en la materia del continente, ordenó ayer al Estado salvadoreño garantizar “de manera urgente” la interrupción del embarazo que reclama Beatriz, la joven madre de un niño de un año que hace más de un mes y medio pide un aborto terapéutico, porque padece lupus eritematoso sistémico agravado con insuficiencia renal y artritis reumatoidea y le diagnosticaron que la gestación pone en grave riesgo su vida. Se trata además de un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro), que no tiene posibilidades de sobrevida. El Ministerio de Salud anunció que buscará salvar la vida de la muchacha. 

Es la primera vez que la CIDH, con sede en Costa Rica, se pronuncia en relación con un caso sobre un aborto, lo que sienta un precedente muy importante en la región. La decisión se conoció un día después de que la Sala Constitucional del máximo tribunal de El Salvador rechazara la petición de Beatriz con el argumento de que “existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana ‘desde el momento de la concepción’”. El Salvador es uno de los cinco países de Latinoamérica –junto a Nicaragua, Honduras, la República Dominicana y Chile– donde el aborto está prohibido en todos los casos, incluso cuando corre riesgo la vida y la salud de la mujer. La legislación penaliza esa práctica médica desde 1998 y la castiga con penas severísimas, 50 años de cárcel para la mujer y 12 años para el médico que lo practica. Actualmente hay 19 mujeres encarceladas por esa causa. Con la resolución de la CIDH, el fallo de la Sala Constitucional queda sin efecto. Se trata de una resolución vinculante.

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"La Corte salvadoreña, sin piedad con Beatriz"

LA MUJER QUE PIDE INTERRUMPIR EL EMBARAZO PARA SALVAR SU VIDA.

Publicado en Página/12. "Sociedad".

30.05.2013

 

La Corte Suprema de El Salvador desoyó el pedido de Beatriz, la joven de 22 años que reclama desesperadamente que le permitan interrumpir un embarazo para poder salvar su vida. Después de más de 45 días de espera, la Sala de lo Constitucional les negó ayer su petición para que la autoricen a realizarse un aborto terapéutico. La muchacha, madre de un niño de un año, tiene lupus e insuficiencia renal, y su cuadro médico se agravó con la gestación. Se trata además de un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro), que no tiene posibilidades de sobrevida. Su caso concentra la atención de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos desde hace semanas, que acompañan su pedido y piden al gobierno que le garantice el acceso a un aborto. El Salvador es uno de los cinco países latinoamericanos donde el aborto está criminalizado en todos los casos –están previstas fuertes sanciones–, incluso cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, como en el caso de Beatriz. Por eso, la joven llegó al máximo tribunal para que la dejen poner fin a su sufrimiento, físico y psíquico, por llevar adelante una gestación que hace peligrar su vida y, a la vez, sabe que el bebé no tiene chances de vivir.

Pero la Corte Suprema le dijo que no, en un fallo dividido: tres magistrados rechazaron su pedido al considerar que no existe riesgo en su vida si continúa con el embarazo; un juez avaló su reclamo y otro se abstuvo.

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"Un paso atrás en Córdoba"

INCORPORE.

Publicado en Página/12. "Suplemento LAS12".

24.05.2013

En Córdoba la Cámara 3ª en lo Civil y Comercial hizo lugar a un pedido para que se declare inconstitucional el protocolo de aborto no punible provincial. En realidad, todos los casos contemplados por el artículo 86 del Código Penal –violaciones, riesgo para la salud o la vida de la madre o embarazos no viables– son legales desde 1921. No sería necesario nada más que pasar por un hospital y tener acceso a la intervención.

Sin embargo, los múltiples obstáculos que el sistema de salud les interpuso a las mujeres hicieron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciara, hace ya más de un año, en el caso FAL. A partir de ese momento, la jurisprudencia también despejó dudas a partir de la palabra del máximo tribunal de la Argentina. Sin embargo, increíblemente, se siguen poniendo trabas.

En este caso, la Justicia le siguió el juego a la Asociación Civil Portal de Belén, un brazo jurídico ultraconservador y religioso que suele judicializar causas contra todos los derechos sexuales y reproductivos, como la anticoncepción de emergencia. En este caso, el protocolo de los abortos no punibles de Córdoba, que está suspendido hace un año por obra del Portal de Belén.

En su sentencia, la Corte Suprema recomendó que las provincias generen normas locales para que la instrumentación de la interrupción voluntaria del embarazo esté sistematizada. Sin embargo los protocolos no son indispensables para que se cumpla el acceso de las mujeres a su derecho.

Es importante saber esto para que las cordobesas sepan que tienen garantías a pesar de que el fallo de los camaristas Guillermo Barrera Buteler, Julio Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera saltean la jerarquía institucional de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y consideran que deben prevalecer los supuestos derechos del niño por nacer, que no están contemplados en el Código Penal desde 1921.

"Un fallo para la época de las cavernas"

UN TRIBUNAL DE CORDOBA DECLARO INCONSTITUCIONAL EL PROTOCOLO DE ATENCION DE ABORTOS NO PUNIBLES. El fallo unánime de tres camaristas priva a las mujeres cordobesas de acceder a un derecho que reconoció la Corte Suprema. Uno de los jueces es un cuadro de la Iglesia Católica cordobesa y había sido recusado por el gobierno provincial. 

Publicado en Página/ 12. "Sociedad".

22.05.2013

 

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de Córdoba declaró por unanimidad inconstitucional la aplicación del protocolo de atención de los abortos no punibles establecido por una resolución ministerial del gobierno de la provincia, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, dictado un año atrás. Uno de los tres jueces que integran la Cámara, Guillermo Barrera Buteler –a cuyo voto adhirieron los otros dos–, forma parte de una asociación de académicos que es “tribuna activa de la Iglesia” –como informa la entidad en su página web– y en un artículo publicado a poco de conocerse la sentencia del máximo tribunal sobre abortos no punibles, lo cuestionó en duros términos. Sin embargo, aunque la provincia recusó al magistrado por adelantar su opinión, el planteo fue rechazado.

La sentencia de la Cámara no sólo desconoce la histórica resolución de la Corte, sino además “el sistema de control de constitucionalidad pautado en el artículo 31 de la Constitución Nacional”, al sostener que prevalecen las normas provinciales y la autonomía provincial por sobre la decisión del Congreso de la Nación de autorizar los abortos en caso de peligro en la salud o vida de las mujeres y de embarazos provenientes de violación, como está contemplado en el Código Penal, advirtió la abogada Natalia Milisenda, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir, querellante en la causa. La entidad adelantó que presentará una apelación.

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"Una denuncia por haber cumplido la ley"

EL APODERADO DEL PRO-TUCUMAN LLEVO A LA JUSTICIA A MEDICOS POR UN ABORTO NO PUNIBLE. Los médicos de la maternidad local practicaron un aborto no punible a una niña de 11 años violada por su padre. El caso encuadra en la legislación vigente. Pero ahora el dirigente del PRO tucumano denunció penalmente a los profesionales. Críticas de diversos sectores. 

Publicado en Página/12. "Sociedad".

25.04.2013

En un hecho insólito, el apoderado del PRO en Tucumán, Arturo Forenza (h), denunció penalmente a los médicos que realizaron días atrás un aborto no punible en un hospital público de la provincia a una niña de 11 años que había sido violada por su papá. La intervención se hizo conforme a la ley y al fallo de la Corte Suprema de Justicia, de un año atrás, que fijó los lineamientos para la atención de los abortos no punibles. Ayer, la ONG La Casa de las Mujeres Norma Nasiff presentó un pedido ante la Justicia para que la causa se archivara, con el argumento de que no hay ningún delito y se investigue al PRO-Tucumán por incurrir en “violencia institucional” en “su intento deleznable de impedir el acceso a políticas públicas de salud que garantizan el ejercicio de derechos humanos”.

“Es una denuncia maliciosa, una reacción espasmódica ante un sector de la salud que está actuando conforme a la ley y según los lineamientos del fallo FAL de la Corte de la Nación”, consideró en diálogo con Página/12 la abogada Soledad Deza, quien junto con su colega Mariana Alvarez patrocinó la presentación judicial de Vicky Disatnik, titular de La Casa de las Mujeres. Forenza “está queriendo infundir miedo a los médicos”, advirtió Deza. Y señaló que “el acceso al aborto no punible es una cuestión de derechos humanos de las mujeres”. “El Estado como garante de la administración de la salud pública y los profesionales de la salud pública como agentes del Estado tienen obligación de garantizar el acceso rápido, seguro, permanente, inmediato y en un ambiente cómodo para la interrupción voluntaria de un embarazo producto de violación. Y eso es lo que se está haciendo en Tucumán. Sus médicos y médicas cumplen con la ley, aunque al PRO le disguste; el aborto no punible en esta provincia es accesible en la salud pública y debe seguir siéndolo”, agregó Deza.

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"El fundamentalismo religioso contraataca"

UN CONCEJAL SALTEñO PROPONE PROHIBIR LA ANTICONCEPCION DE EMERGENCIA Y EL ABORTO NO PUNIBLE. Un edil del peronismo disidente impulsa un proyecto para declarar a Salta “Ciudad Pro Vida”. La iniciativa fija también una asignación económica para que las embarazadas producto de una violación continúen la gestación. Fuerte rechazo desde otros bloques. 

Publicado en Página/12. "Sociedad".

26.03.2013

 

El fundamentalismo religioso emergió en el Concejo Deliberante de Salta. Un edil que responde al senador nacional Juan Carlos Romero, del peronismo disidente, impulsa la aprobación de una ordenanza que declara a Salta “Ciudad Pro Vida” y dispone una serie de medidas violatorias de los derechos humanos de las mujeres. Entre otras disposiciones, prohíbe “el uso, distribución, difusión o promoción en todas las dependencias de la Municipalidad de Salta” de la anticoncepción hormonal de emergencia, que previene embarazos no deseados; suspende “en forma inmediata” los protocolos de atención de los abortos no punibles –cuya legalidad fue confirmada un año atrás por un fallo de la Corte Suprema de la Nación–; y fija una asignación económica para incentivar a las víctimas de una violación que resultan embarazadas a continuar con esa gestación, convirtiéndolas en una mera incubadora. Ayer, el proyecto empezó a discutirse en la Comisión de Legislación, con un fuerte rechazo de concejales de diversos bloques, que acordaron retomar el tratamiento el 8 de abril, para dar tiempo a organismos públicos como el Inadi y voces de la sociedad civil para que se pronuncien sobre el texto.

El proyecto es del concejal Aroldo Tunini, del bloque Salta Federal, vocero de los sectores más conservadores. Lo acompañan con su respaldo los ediles Raúl Carlos Zapata, alineado con el diputado nacional del PRO; Alfredo Olmedo (el de la campera amarilla y propuestas legislativas reaccionarias); Ariel Burgos y Raúl Medina, del Frente Salteño, que también responden a Romero; y Martín Novaro Pérez Estrada, cercano al ex gobernador salteño de la última dictadura militar, Roberto Ulloa.

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"Por los derechos vulnerados"

ORDENAN INVESTIGAR A MACRI POR REVELAR CUANDO Y DONDE HARIAN UN ABORTO NO PUNIBLE. La Cámara del Crimen revocó un fallo que archivaba la denuncia contra el jefe de Gobierno. Es por el caso de la mujer violada internada en el Hospital Ramos Mejía. A partir de los dichos de Macri, una organización impidió la intervención.

Publicado en Página/12. "Sociedad".

01.03.2013

La Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires ordenó investigar a Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño, por haber revelado en octubre pasado a qué hora y en qué hospital público se iba a efectuar el aborto a una mujer violada. Iba a tratarse del primer aborto no punible realizado en el distrito mediante la aplicación de un protocolo dictado por el Ministerio de Salud porteño. La denuncia había sido efectuada por María José Lubertino, legisladora porteña del bloque Frente para la Victoria, pero había sido archivada por el juez de primera instancia. La investigación judicial ahora reabierta también concierne a Graciela Reybaud, ministra de Salud de la Ciudad, y al ex director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau. La intervención estaba prevista en ese hospital, pero se suspendió en ese momento cuando una organización denominada Pro Vida presentó un amparo para frenarla y una jueza lo concedió. El aborto fue luego autorizado gracias a una rápida intervención de la Corte Suprema de la Nación.

La investigación reabierta por la Cámara del Crimen porteña se refiere al hecho de que Mauricio Macri, en una reunión pública y ante la presencia de periodistas, había revelado que el aborto no punible estaba programado para el 9 de octubre del año pasado en el Hospital Ramos Mejía.

Esto había permitido a grupos antiabortistas actuar para detener la intervención, mediante un recurso judicial, y organizar una campaña pública para presionar a la paciente, una mujer de 32 años que había sido víctima de trata de personas.

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"Abortan el archivado de una causa a Macri"

UN FISCAL PIDIO REABRIR LA CAUSA POR REVELAR LA IDENTIDAD DE UNA MUJER VIOLADA. El fiscal de Cámara Eduardo Itoyz pidió que se reabriera la denuncia iniciada en octubre pasado contra Macri. El jefe de Gobierno había revelado la identidad de una mujer que había pedido interrumpir su embarazo producto de una violación.

Publicado en Página/12. "Sociedad".

14.02.2013

 

Luego de que un juez dispusiera su archivo, el fiscal de la Cámara en lo Criminal y Correccional Eduardo Itoyz pidió que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y otros dos funcionarios de su administración sigan siendo investigados por haber revelado, en octubre del año pasado, la identidad de una mujer que iba a practicarse un aborto no punible. La mujer, que había sido víctima de una red de trata, ni siquiera había revelado la situación a su propia familia. Con su pedido ante la Sala IV de la Cámara del Crimen, el fiscal Itoyz también demandó que la Justicia siga investigando a la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud, y al ex director del hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau. “Era bochornoso que se archive una causa con pruebas tan contundentes”, evaluó el legislador porteño Alejandro Bodart, quien, junto con sus pares Gabriela Alegre, Francisco “Tito” Nenna y Virginia González Gass, entre otros, presentó la demanda penal que dio origen al pedido del fiscal.

El titular del Juzgado Criminal y Correccional Nº 12, Raúl García, había dispuesto que fuera archivada la causa, iniciada luego de que, durante una cena en la Sociedad Rural Argentina, Mauricio Macri revelara información sensible sobre la inminente realización de un aborto no punible. Trascendió que en ese encuentro el jefe de Gobierno había señalado qué día y en qué hospital se practicaría. El fiscal Itoyz entendió que las actuaciones posteriores de la ministra de Salud, Rybaud, y el ex director del Ramos Mejía, Mercau, también tuvieron responsabilidad en revelar información que, luego, permitió identificar a la mujer. Por ley, todos esos datos son confidenciales. Por eso, en una elevación a la Sala IV de la Cámara del Crimen y en presencia de los abogados de las partes, reclamó a la Justicia que los tres sigan siendo investigados.

El tribunal integrado por Marcelo Lucini, Mario Filozof y Ricardo Pinto deberá resolver en un plazo de cinco días hábiles si revisa la decisión de primera instancia o confirma la decisión del juez de archivar la causa.

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"Como la Corte manda"

La Legislatura rionegrina sancionó la ley el viernes pasado,
con el procedimiento de doble vuelta.

RIO NEGRO APROBO UNA LEY EN SINTONIA CON EL FALLO DEL TRIBUNAL. La Legislatura dispuso que en los casos de violación, sólo se requerirá una declaración jurada de la mujer. Y prevé sanciones a los profesionales que obstruyan o dilaten un aborto no punible.

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Miercoles, 24 de Octubre de 2012.

Por Mariana Carbajal

La Legislatura de Río Negro aprobó por amplísima mayoría una ley para reglamentar los abortos no punibles, siguiendo los lineamientos que marcó la Corte Suprema de la Nación. En los casos de violación sólo se requerirá una declaración jurada de la mujer, en ninguna situación se pedirá la opinión de un comité interdisciplinario y se deberá garantizar la práctica en un plazo no mayor de diez días desde que se la solicita. Además, la norma prevé aplicar sanciones a los profesionales que dilaten u obstruyan arbitrariamente la realización de un aborto no punible.

“Es un día histórico”, destacó la diputada Marta Milesi de la Alianza Concertación para el Desarrollo (UCR), quien hace diez años venía batallando en la provincia para aprobar un protocolo de este tipo. También el delegado provincial del Inadi, Julio Accavallo, celebró la sanción. Sólo dos diputadas, María Lilian Gemignani e Irma Banegas, ambas del Frente para la Victoria, votaron en contra alegando razones religiosas: una de ellas es pastora. El resto del bloque kichnerista apoyó la iniciativa. Se espera que la ley sea promulgada por el gobierno provincial.

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"La estrategia sin sotana"

Las organizaciones que militan en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, autodenominadas pro vida o pro familia, tienen en Argentina y el mundo una red que blanquea los dogmas con el jabón de la sociedad civil y el discurso de los derechos personales. Y, junto a los llamados expertos en bioética, son el nuevo brazo ejecutor de los sectores más fundamentalistas.

Publicado en Página/12. "Suplemento LAS12".

Viernes, 19 de octubre de 2012

Por Luciana Peker

La mujer había sido violada en distintos prostíbulos donde era explotada por redes de trata. Logró escapar. Pidió un aborto no punible que fue vociferado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. La asociación Pro Familia presentó un amparo ante la jueza Myriam C. Rustan de Estrada –que ahora enfrenta un jury de enjuiciamiento– y logró suspender la práctica. Después, la Corte Suprema de Justicia volvió a darle a la mujer el derecho contemplado por el Código Penal desde 1921. Pero no se trata de un caso sino de muchos.

No fue un error, un exceso, ni una excepción. La estrategia de los sectores más conservadores es utilizar a supuestos expertos/as en bioética o a asociaciones pro vida o pro familia para obstaculizar los abortos legales, manipular a las víctimas (a las que suelen atormentar con imágenes falsas de fetos “llorando” o tentarlas con ofertas económicas) y generar una falsa polarización en la opinión pública. No se trata de actos o personajes aislados, sino de una estrategia que funciona en la Argentina y en el mundo.

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"Repudio al protocolo"

Publicado en Página/12. "Sociedad".

Viernes, 14 de Septiembre de 2012.

La organización internacional Médicos del Mundo repudió a través de un comunicado la reglamentación del aborto no punible por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Manifestamos nuestro rechazo y preocupación frente a la resolución 1252, que genera barreras de acceso al aborto en territorio porteño”, sostiene la ONG. Y considera que el “único objetivo del dictamen es obstaculizar el acceso a un derecho de las mujeres”. Dado que se trata de una medida de salud pública, manifiesta la “necesidad urgente de debatir una legislación que garantice esta práctica”.