LA CONNIVENCIA Y LA PARTICIPACION DE JUECES, FISCALES Y FUNCIONARIOS EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD. Pese a las numerosas acusaciones contra jueces por su actuación bajo el terrorismo de Estado, quienes van a juicio son por ahora la excepción. Los mecanismos de protección desplegados por el Poder Judicial. Los casos de Lona, Rueda y Hooft, entre otros.
Publicado en Página/12. "El País".
25.03.2013
Un revuelo repentino quebró la calma en la Cámara de Casación Penal la semana pasada. “En cuanto Bergoglio le dé la orden a Cristina, ¡esto se termina!”, gritaba por los pasillos un hombre entrado en años. Era Ricardo Lona, un ex juez federal de Salta, quien podía vislumbrar que el alto tribunal penal estaba a punto de correr el manto de impunidad que lo amparó durante años. En efecto, los camaristas de la Sala II de Casación se aprestaban a revocar su sobreseimiento en dos investigaciones donde se lo acusa de haber cooperado con el aparato represivo de la última dictadura, archivando en forma sistemática las denuncias sobre secuestros, torturas y desapariciones que recibía. Pero Lona venía acostumbrado a salir ileso de todos los procesos en su contra, como en el juicio político que tuvo en 2004 y las sucesivas causas penales sobre su función en el terrorismo de Estado, donde lo sostuvo hasta ahora una sólida red de ayuda de la corporación judicial. Con distinto elenco pero igual espíritu, esa red aún ampara a muchos otros jueces cuestionados por razones similares.
El avance de los juicios contra represores permitió apreciar un mapa cada vez más completo de cómo funcionó el régimen dictatorial. La llamada “complicidad civil” ganó visibilidad. Hoy existen decenas de acusaciones contra jueces, secretarios, defensores y fiscales por variadas formas de participación en el terrorismo de Estado, que incluyen desde haber cerrado automáticamente toda denuncia sobre secuestros, tormentos y asesinatos, o haber presenciado sesiones de tortura y hasta están los que fueron agentes de inteligencia. Junto con todas esas revelaciones también han quedado en evidencia los mecanismos del Poder Judicial para protegerse a sí mismo ante imputaciones que implican delitos tan graves, que no prescriben. Los jueces que van a juicio por ahora son la excepción. Más aún: están los que siguen ocupando juzgados. Basta repasar las noticias recientes para corroborarlo.
El avance de los juicios contra represores permitió apreciar un mapa cada vez más completo de cómo funcionó el régimen dictatorial. La llamada “complicidad civil” ganó visibilidad. Hoy existen decenas de acusaciones contra jueces, secretarios, defensores y fiscales por variadas formas de participación en el terrorismo de Estado, que incluyen desde haber cerrado automáticamente toda denuncia sobre secuestros, tormentos y asesinatos, o haber presenciado sesiones de tortura y hasta están los que fueron agentes de inteligencia. Junto con todas esas revelaciones también han quedado en evidencia los mecanismos del Poder Judicial para protegerse a sí mismo ante imputaciones que implican delitos tan graves, que no prescriben. Los jueces que van a juicio por ahora son la excepción. Más aún: están los que siguen ocupando juzgados. Basta repasar las noticias recientes para corroborarlo.
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