El Programa Las Víctimas Contra Las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la coordinación de la Dra. Eva Giberti, tiene como finalidad principal poner en conocimiento de la víctimas cuáles son sus derechos para exigirle al Estado el respeto de los mismos y la sanción de las personas violentas que la hayan agredido. De este modo, se busca que la víctima supere su pasividad y reclame por sus derechos.

martes, 19 de febrero de 2013

"El año de los megajuicios"

SALTO CUALITATIVO EN EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD. Hay 378 represores condenados por delitos de lesa humanidad. Este año hubo un cambio en la lógica de los juicios, que comenzaron a incluir más acusados y más hechos investigados.Las responsabilidades civiles y los delitos de violencia de género. Los pendientes.

Publicado en Página/12. "El País".
02.01.2013

Durante 2012 se produjeron 134 condenas por delitos de lesa humanidad, lo que hizo que los represores condenados hasta ahora sumen 378. En estos momentos hay 232 acusados con juicios orales en trámite y 1013 procesados. En términos de cifras, se trata de un balance positivo. Pero más allá del crecimiento cuantitativo, 2012 fue el año en que se produjo un cambio cualitativo en el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado: comenzaron a realizarse los llamados “megajuicios”, es decir, procesos que involucran importantes cantidades de acusados y también de casos analizados, o sea, de víctimas. Los más grandes están actualmente en trámite. Son los de la ESMA, en Buenos Aires; La Perla, en Córdoba, y Arsenales y Jefatura de Inteligencia, en Tucumán. Entre los tres reúnen delitos contra 1500 víctimas y 150 acusados.

Hay decisiones vinculadas con la administración de Justicia que no son celebradas o valoradas de inmediato, ya que sus efectos no se ven de un día para el otro. Eso pasó con la acordada que la Cámara de Casación Penal firmó a principios de 2012, en la que se establecieron “reglas prácticas” para agilizar los juicios contra los represores. El propósito de ese documento fue impedir la reiteración de testigos y pruebas, promover la acumulación de casos y evitar que se debatan hechos que ya están fuera de discusión, como la existencia de un plan sistemático de exterminio de personas durante la última dictadura. De esta forma, el máximo tribunal penal del país –que había sido uno de los principales obstáculos para el avance de estos procesos cuando se reinició el proceso de juzgamiento (lo encabezaba el ahora abogado defensor de represores Alfredo Bisordi)– acusó recibo de demandas de organismos de derechos humanos, abogados y fiscales y se convirtió en dinamizador de los juicios.

“Este año terminaron juicios grandes, como el de Bahía Blanca; el del Circuito Camps, en La Plata; y comenzaron otros como ESMA, La Perla y el juicio de Tucumán. Lograr este tipo de juicios fue y sigue siendo uno de los objetivos centrales de la Unidad Fiscal. En este sentido, 2012 fue un año donde se dio un salto de calidad. Para ponerlo en cifras, mientras que en 2011 hubo 193 personas sentadas en el banquillo, en 2012 hubo 383, es decir, el doble. La idea de juzgar juntos los hechos que están vinculados entre sí es un principio que apunta a lograr una mejor reconstrucción histórica, dado que permite, por un lado, valorar correctamente pruebas (testimonios, documentos, etc.) que, seguramente, no tendrían la misma relevancia si se las considerara aisladamente (no es lo mismo un testimonio corroborado por otros que se refieren al mismo hecho o que confirman cierto contexto) y, por otro, permite dimensionar el fenómeno que estamos juzgando: no son hechos aislados, sino una maquinaria de terror”, señala a Página/12 Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

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"De ayer a hoy, una verdadera línea de conducta"

El dictador Videla con su ministro de Economía
José Alfredo Martínez de Hoz,
de aceitados vínculos con la SRA.


UNA NUEVA CAUSA INVESTIGA LA RELACION DE LA SOCIEDAD RURAL CON LA REPRESION DICTATORIAL EN EL INTA. Por la denuncia de un sobreviviente y varios familiares de las víctimas en el INTA durante la dictadura, la Justicia investiga el papel jugado en la represión por los empresarios rurales y su decisión de destruir las líneas de trabajo que afectaban sus intereses.

Publicado en Página/12. "El País".
02.01.2013

Antes del golpe de 1976, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tenía unos 5000 trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura. Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos. Todos esos datos comienzan a ser revisados en una nueva causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los desaparecidos en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Las víctimas le piden a la Justicia un análisis de lo ocurrido como un “todo” y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y en particular la Sociedad Rural Argentina que, desde el Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol determinante en esa depuración.

La Sociedad Rural Argentina integra el INTA desde la creación del organismo, en 1956. Desde entonces forma parte del Consejo Directivo Nacional, junto a las otras organizaciones empresarias del campo, Coninagro, CRA y la Federación Agraria. El Consejo tiene además un presidente y un vicepresidente nombrados por el Poder Ejecutivo y un director nacional elegido por concurso. Con el golpe de Estado de 1976, la dirección del organismo fue intervenida por la marina, pero los delegados de las entidades agropecuarias mantuvieron sus lugares.

Esa intervención cívico-militar fue la encargada de perseguir a los técnicos y científicos que no eran afines a la política agropecuaria de José Alfredo Martínez de Hoz. En el contexto de la nueva causa, cobra relevancia el papel jugado por la SRA y los editoriales del diario La Nación en esa depuración, detrás de la cual aparece la voluntad dictatorial de intensificar el proceso de trasferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados y agroindustiales más concentrados.