El Programa Las Víctimas Contra Las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la coordinación de la Dra. Eva Giberti, tiene como finalidad principal poner en conocimiento de la víctimas cuáles son sus derechos para exigirle al Estado el respeto de los mismos y la sanción de las personas violentas que la hayan agredido. De este modo, se busca que la víctima supere su pasividad y reclame por sus derechos.

miércoles, 1 de octubre de 2014

De la “charla” al sujeto político

Por Eva Giberti

Desde una cercanía ficticia, que puede solventarse desde un escenario o desde una mesa a la misma altura del público, hoy en día los y las conferencistas circulamos replicando la añeja tradición medieval de la cátedra. Es interesante tener en cuenta cuándo apareció la idea de dar una “charla” en lugar de solicitar una conferencia. Parecería que solicitar “una conferencia” constituyese una exigencia y, además, es obvio que debe proponer sus honorarios. No es obvio, pero sería conveniente que así se aprendiera.

La “charla” impresiona como de entrecasa, como si quien la dicta no aportase todos sus conocimientos sino “un poquito”, algo doméstico, como de sobremesa.
Se descuenta que sin honorarios. Imaginando que quien diserta no tuviera que prepararla; se diferencia del conferenciar porque se estima que éste reclama importantes conceptualizaciones.
Habermas y otros se ocuparon de estudiar la historia de los públicos porque era útil para revelar costumbres de las épocas. La experiencia personal enseña que cada vez que una se enfrenta con el público de un ámbito urbano, o de un cordón suburbano o comparte una agrupación tribal, si calcula que quienes asisten sólo pretenden escuchar, se equivoca; lo que estos públicos invitados esperan es que los acompañemos a pronunciar las palabras que coyunturalmente nos han cedido, como un hecho político.

Pero no todos los públicos saben que protagonizan un hecho político. Se lo reconoció de ese modo cuando desde los estertores del terrorismo de Estado pudo rehabilitarse la palabra y la gente, aún temerosa, comenzó a juntarse para contarse y contar lo sucedido. Y aunque la palabra “participación” se instaló en el horizonte, todavía estaba tibia y conversada por una minoría esclarecida.
Hoy en día también se asiste a estos encuentros para aprender acerca de algunos temas. Pero actualmente el público está formado por sujetos políticos con derechos, cuyas preguntas pretenden abrir un poco más el campo del conocimiento, además dar testimonio de su existencia.

Entonces se trata de pensar si a estos públicos se los invita para que escuchen una charla o una conferencia, aunque finalmente quien expone no diferencie el calibre entre una y otra. La charla parece democratizar entre quien expone y el público: como si dijera “somos iguales y vamos a charlar”. Lo cual es excelente. Entonces, ¿la conferencia? ¿Para la universidad? No, evidentemente no. Puede haber conferencias magistrales sin preguntas a posteriori o acompañada por preguntas finales, según el estilo de quien expone. Pero parecería que en la conferencia la categoría del conocimiento se modificase, refinándose.

Resulta interesante analizar a estos públicos que no necesariamente disciernen si asisten a una charla o a una conferencia. El problema lo tiene quien expone, que debe saber hasta dónde va a avanzar en cada circunstancia; si se referirá a una cuidadosa bibliografía o si en una charla repetirá alguna idea célebre de memoria.

Cada oyente lleva consigo no sólo el interés por la escucha, sino su historia personal, los datos de su entorno, su propia filosofía y actualmente la pretensión y convicción política de participar. Este último punto es nuevo, porque si bien en décadas anteriores se participaba, no necesariamente había conciencia de participación como instancia política. Se pedía la palabra, se hablaba, se le respondía o preguntaba al orador, pero la conceptualización de participación pública como icono del hacer política no resultaba evidente.

En la década del ’60, cuando planteábamos la educación de los hijos en Escuela para Padres, los asistentes concurrían en clima de lealtad agradecida por lo que se exponía: no se asumía que hablar de la educación de los hijos era hablar de política.

El público actual sabe que siempre está hablando de política. Lo sabe aunque no tenga conocimiento de ello. Es el saber que no precisa del conocimiento para ser saber. Es el papel activo de los sujetos sociales en la política y en la historia como lo pretendía Gramsci, cuando se juega la libertad del pensamiento y la palabra frente a las democracias liberales que implementaban sujetos a-políticos.
Las preguntas del público actual, a veces dubitativas por el temor de transmitir intimidades si se mencionan temas sexuales, se formulan sin embargo, necesitadas de la escucha. O bien puede ser la narración de una injusticia inadmisible o la denuncia de una arbitrariedad existente. Y no se asemeja a las asambleas barriales del año 2002.

El fenómeno, que aún no es la emancipación gramsciana, es político en el compartir con los otros invitados y no sólo con quien dicta conferencia o “charla”. Aun llamándola “charla”, el público le atribuye la autoridad de la cátedra, cuando en realidad son ellos los protagonistas de la participación política, inclusive cuando desatan la necesidad de “dar testimonio”.

Se escuchan y se agrupan reconociendo el liderazgo de quien expone sin subordinarse obligatoriamente hacia él o ella. Es preferible que quien expone se desmonte de la cátedra para comprometerse con la responsabilidad de estar acuñando, en conjunto, un fenómeno político propio de estos tiempos.

Para quienes tenemos muchos años de vida dictando charlas y conferencias, el registro del cambio es notorio, si bien al público le parece normal proceder como lo hacen. Es normal ahora y nuevo, diferencia que podemos evaluar quienes venimos hablándole al público hace cincuenta años.

“Bueno, pero todo cambia... No hay razón para asombrarse... “Pero sí hay razón para mencionarlo porque los públicos anteriores, habituales en aquellas épocas, eran la contraparte de varios de los actuales públicos y forman parte de la historia de la globalización y de la emergencia del subdesarrollo. Aquellas eran épocas donde todavía no se reconocían los públicos que eran ajenos a las democracias noroccidentales, los que tienen sus propias culturas, campesinas, tribales, transgéneros, villeros, adolescentes, marginales, y que están prescriptos en tanto no comparten los manuales de urbanidad que los convierta en públicos prolijos. Tienen su propio estilo de aprendizaje y de docencia, su propio decir y su escucha. Crean su participación política como efecto de su existencia e ignoran –no quieren saber– que algunos sectores esperan de ellos un acomodamiento disciplinado y el aprendizaje del papel como público según el diccionario, siendo espectadores. Que como tal son participantes de hecho y no de derecho. Porque el participante en ejercicio de derechos es aquel que interviene, actúa y alterna, a veces sustituye el discurso por la intervención. Hasta que logra acoplar discursos e intervenciones y tienen éxito, para sobresalto de quienes charlaban o conferenciaban acerca de ellos cuando eran los públicos ajenos a las democracias noroccidentales, algunos de ellos congelados por los derechos humanos a los que hubo de calentar impulsando intervenciones.

*Publicado el día sábado 27 de Septiembre en el diario Página/12

miércoles, 25 de junio de 2014

Asalto a la identidad

Por Eva Giberti


Cuando un consultante, hombre o mujer, recurre en busca de acompañamiento psicológico para intentar abarcar un problema, puede formularlo de diferentes maneras. Pero cuando ese consultante comienza diciendo: “Yo vengo a verla porque quiero entender si se podrá hacer algo... Yo fui un niño comprado siendo un bebé, recién lo supe cuando ya era grande, tenía 20 años y me lo contó una tía, una hermana de mi madre. Mi madre murió, mi padre también y ahora yo quisiera encontrar algo de mi origen... Algunos datos tengo. Pero no puedo con el malestar que me sigue a todas partes porque no sé en realidad quién soy...”, sabemos que nos enfrentamos con un grave y extendido problema en nuestro país.

La compra de bebés por parte de quienes pretenden adoptar no ha desaparecido de nuestro medio, si bien estas consultas las proponen adultos que llegan desde lejos en el tiempo, desde una vida de torceduras y engaños que se eligió para ellos cuando eran niños, tarea a cargo de adultos cuya responsabilidad fue nula en lo que respecta no sólo a los derechos de un niño, sino a las exigencias de la ley.

“Comprar” un niño así como “venderlo”, dicho sea brutalmente y para evitar tecnicismos que no modifican la circunstancia, es un delito grave que se repite porque persiste “el deseo de ser padres” de innumerables adultos que se sienten “con mucho amor para dar” y no titubean en recurrir al tráfico con niños. La estrategia continúa siendo la misma: se anota a la criatura como habiendo nacido en un domicilio privado y se obtiene la certificación de una profesional de obstetricia que dice haber atendido el parto. La maniobra es conocida particularmente en algunas provincias y cada tanto la policía interviene y leemos la noticia en los diarios. En otras oportunidades, no se finge un parto, se negocia con alguien que “consigue” una criatura hija de alguna población carente al extremo de no poder solventar la crianza de esos hijos.

Sucedió de ese modo y de otros semejantes hace cuarenta, cincuenta años y antes de ayer. Durante años he recibido en mi consultorio a estos hijos a quienes sus padres de crianza les negaron la descripción de sus orígenes dentro de esa familia porque implicaba reconocer el delito. No se ignoraba que ese comportamiento estaba al margen de la ley, pero “el deseo de hijo” era más fuerte. La confusión de dicho deseo con el narcisismo llevado al límite de la exasperación es lo que regula este comercio, que por cierto precisa mujeres que necesiten desprenderse de su cría. Ellas son las que atraviesan por el dolor de la entrega regulada por los intermediarios que se contactan con quienes no titubean en elegir cualquier camino con tal de incluir una criatura en su vida.

Proyectos destinados a intervenir en estos temas existen. No son complicados, alcanza con modificar algunos puntos del Código Penal. Uno de esos anteproyectos se redactó en el Programa las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el año 2008, pero no es el único.

La conjunción actual se produce porque los hijos, aquellos que hace cincuenta años fueron incluidos ilegalmente en una familia, se cruzan, reclamando sus derechos para conocer su identidad y su vida de origen, con los adoptantes futuros a los que se les ofrece la tentación de “obtener rápidamente” un niño.

El tema adopción aunque cuente con legislación que actualmente permite adoptar, posterga, históricamente, la atención política y técnica que permita revisar los contenidos de sus prácticas, la seleccción de los pretensos adoptantes y particularmente la formación e idoneidad de jueces y profesionales que intervienen en el análisis del tema y de sus protagonistas.

Por su parte, el amargo y doloroso intermedio que plantean quienes siendo adultos reclaman, apoyados en las leyes de derechos humanos en general, su aspiración a rescatar datos que les permitan transitar hacia el pasado el recorrido de sus vidas, insisten en la posibilidad de que se les otorgue la alternativa de solicitar a las autoridades pertinentes la autorización para saber cuándo y cómo fueron anotados, por quiénes, qué documentos existen y dónde encontrarlos. Que es posible realizarlo lo vimos en la película Nacidos vivos, donde se encuentra el testimonio, en nuestro país, de quienes se entrevistaron con funcionarios que entendieron y facilitaron el camino, dificilísimo, a veces imposible. Ellos son los nuevos sujetos sociales cuya existencia está regulada por sus reclamos y sus derechos para encontrar datos filiatorios.

Así aparecen las personas que conjugan y conjuran el doble juego; los que fueron inscriptos como adoptivos habiendo sido apropiados durante su infancia y aquellos padres que recientemente han cometido la ilegalidad y solicitan orientación para saber cómo informar a sus hijos acerca de su “adopción”, ya que no saben “hasta dónde contar”: dudan entre dar detalles o sólo confiar en el relato de la adopción, si explicar que le dieron “un dinero a la señora”, cuando en realidad no fue a ella a quien entregaron el precio solicitado por la entrega, o bien si no decir nada porque “no tiene nada de malo pagar por el trámite de encontrar un bebé como queríamos”.

El trabajo con ellos cuenta con la capacidad de los niños que creen en aquello que los adultos narran como “lo verdadero”, de manera que explicarles que se comprometió dinero en el contacto con él o ella, aparece inicialmente como lo normal y esperable. Se naturaliza aquello que la familia cuenta, pero encontramos que prefieren no aclarar porque es probable que el hijo lo repita en algún momento. Entonces el relato de aquello que una adopción pretende ser queda atravesado por la circunstancia del canje niño/dinero.

En décadas anteriores alguien podía argumentar: “No sabía que proceder de ese modo constituía delito”. Más aún, las personas adultas que reclaman datos de su identidad por lo general cuentan que han sido tratadas afectuosamente y que no tienen quejas en “ese sentido”, como si hubiesen sido acompañadas como hijos o hijas. Pero una paternidad o una maternidad sellada por el engaño, el silencio, la trampa al contarle a esa criatura cómo fue su infancia y su niñez deben omitir sus primeros días de vida, y no sólo el parto y el nacimiento. Deben inventar permanentemente un origen y conectarse con ese hijo o hija mediante el engaño y el ocultamiento. O sea, la antítesis de lo que se espera de un vínculo genuino, dispensador de cuidado y protección integral. Cuando estas personas se nuclean, forman entidades que se asemejan a algunas organizaciones que en Estados Unidos funcionan hace décadas, con la misma finalidad: “Necesito saber quiénes fueron mis padres realmente y por qué me dejaron en manos de otras personas”.

Argumento que no es posible desestimar y sin embargo se mantiene sin respuesta para tantas personas. Constituye una forma de la castración simbólica impuesta por el narcisismo adulto que sólo logró pensar y sentir de acuerdo con sus necesidades, desbaratando definitivamente el futuro de los niños apropiados. Que sin duda desarrollan su vida al margen de esta circunstancia hasta que un día alcanzan un nivel de lucidez lo suficientemente agudo como para demandar: “¿Qué me pasó? ¿De dónde vengo? ¿De dónde provengo? ¿Por qué me lo ocultaron? Ellos murieron y ahora yo no tengo forma de saber...”.

Parecería un tema que sólo interesa a adoptantes y adoptivos, y sin embargo existe un universo, una población de adultos que, agrupados o en soledad, piensan cada día en quiénes serían si pudieran saber quiénes fueron y a pesar del respeto amoroso que muchos de ellos guardan hacia quienes los criaron no pueden menos que darse cuenta de que han sido víctimas. Y que la ausencia o carencia de medios para re-escribir sus historias no depende tan sólo del familiar sobreviviente que podría aportar algún recuerdo, sino cabe preguntarse ¿al Estado le corresponde estar ausente del tema o podría implicarse institucionalmente en la autorización para el rastreo de algunos documentos iniciáticos que favoreciesen una búsqueda necesaria?

*Publicado en el diario Página/12.
  25/06/2014
 

jueves, 5 de junio de 2014

Credibilidad y sinceridad

 Por Eva Giberti.


Si se torna necesario titular “Creerle a la víctima para la condena”, según la nota de Mariana Carbajal en Página/12 del 22 de mayo, debe ser porque, históricamente, a la víctima de violencia sexual no se le cree. Más aún, es posicionada bajo sospecha por algunos sectores de la comunidad y en particular por los fueros tribunalicios, por quienes tienen a su cargo la instalación del juicio.

Si lo habitual fuese tomar en serio y reconocer la verosimilitud y la evidencia de lo que la víctima narra no sería preciso subrayarlo y festejarlo como un avance. Que este caso sí lo es. Pero, tener que considerar avance aquello que los derechos humanos de las mujeres implican y que por lo tanto debe formar parte de las lógicas de lo probable, de lo posible y de la historia de las violaciones como dato internacionalmente probado, dentro de las familias y en otros ámbitos, resulta lamentable. Y apunta a la peligrosidad en la que se encuentra cualquier víctima de violación (que se transforma en riesgo) cuando la víctima queda atrapada en las ataduras que le ofrece la pregnancia machista de nuestros tribunales. Con las debidas excepciones.

En esta nota de Mariana brotó la excepción pero no espontáneamente. Arduo trabajo de un fiscal que conocemos por su eficacia cuando se trata de acusar a quien debe acusar y de advertirle al juez que la víctima de violación no debe declarar delante del violador. Lo cual constituye el ABC del Derecho, pero parecería que no siempre se recuerda el abecedario completo.

Si hay que felicitar al tribunal porque tomó en serio la sinceridad de la declaración de una víctima es porque la sinceridad advino como un valor moral que no se esperaba. De lo contrario se sabría que la víctima grita e interpela porque ha sido victimizada. Al calificar una declaración como “sincera” no se advierte la paradoja implícita en el hecho: si la víctima habla es para contar qué le sucedió y narra lo ocurrido. Me podrían objetar: “Sí pero también están aquellas que fingen una violación”. Sí, claro, y también existen los jueces decididos a proteger al violador porque para ellos la violación no existió ya que, como es sabido, para dichos magistrados las mujeres somo provocativas y consentidoras a la hora de aceptar o rechazar al varón. Estos magistrados no constituyen excepción. La falsedad de una denuncia documentada y probada sí constituye excepción.

No sólo se trata de “sinceridad” en el recorte de la nota de Mariana, también tenemos que la denuncia es “creíble”. Lo que significa que hay alguien que debe creer. Se introduce de ese modo la aptitud del juez para discernir si debe creer o no, afirmación que deja al descubierto que el discurso de la víctima –y aun sus lesiones– podía no ser creído (por ejemplo el defensor del acusado pretendió que las lesiones se las había producido la misma víctima al “acomodar una cama”). En esta oportunidad le creyeron. Pero se trata de la verosimilitud de los hechos traducidos por la víctima en su declaración que entonces resulta creíble y sincera. O sea, la víctima no deforma ni inventa hechos y aporta un producto, una declaración que según sea la posición del tribunal será evaluada positivamente.

Estas sentencias iluminan, en sus dichos y redacciones, cuáles son las relaciones de poder entre las víctimas de violación y quienes imparten justicia. Se espera que la víctima sea sincera y creíble, porque podría no serlo. Cuando, en realidad, la víctima es la víctima y con esa nominación es suficiente, probada que ha sido su victimización. Explicar que se sentencia al agresor en relación con la sinceridad y credibilidad de las declaraciones abre un espacio inquietante para aceptar las apreciaciones subjetivas de quienes juzgan, de quienes defienden y de quienes acusan.

Es inquietante el tiempo que se toman los profesionales que deben decidir la exclusión del hogar de un sujeto descripto como peligroso que no disponen de velocidad y recursos suficientes para comprender que la exclusión del hogar debe ser inmediata, aunque en las comisarías falte o escasee el personal que debe llevarle la notificación al violento.

En esta nota de Mariana Carbajal, más allá de las observaciones técnico-teóricas respecto del lenguaje utilizado en una sentencia, afortunadamente favorable para la víctima (lo cual merece el aplauso), hubo otra instancia que denota y connota la situación en la que se encuentran las víctimas cuando deben recurrir a una instancia judicial en busca de atención: el 25 de abril del año 2013, ante la Defensoría en lo Civil Nº 2, se solicitó una exclusión del hogar del sujeto violento ahora sentenciado. El trámite se completó el 28 de junio, cuando el agresor ya estaba preso, dos meses después de lo solicitado.

El hecho no es exclusividad de esta provincia; en casi todo el país la orden de exclusión del hogar llega demasiado tarde “porque no tenemos agentes de policía para llevar la orden”, “porque quienes la tienen que entregar son amigos del acusado –sucede en los pueblos– y entonces tarda en llevársela”. O bien: “Porque aquí siempre fue así”. En los femicidios ¿encontramos órdenes de exclusión que o no fueron entregadas o llegaron demasiado tarde?
¿Hasta dónde la credibilidad que podemos acercarles a quienes nos aportan argumentos para demorarse de ese modo para entregar una orden de exclusión?
¿Cuál es la sinceridad con la que se procede cuando la Justicia decide que un sujeto peligroso debe retirarse de la casa donde convive con la víctima e irse a vivir no se sabe dónde? Un argumento escasamente mencionado pero existente se abre en silencio pero con la fuerza que le otorgan los atrasos en la orden de exclusión: ¿dónde va a vivir ese sujeto si lo sacan de su casa? La otra argumentación, silenciada y latente: “Si se retrasa la orden de exclusión, mientras tanto ella se arrepiente y pide que no se proceda...”

Enhorabuena se pueda conmemorar que la palabra de la víctima fue escuchada y se hizo justicia. Pero el espanto de las que continúan clamando sin ser escuchadas permanece, así como el terror de aquellas que no logran excluirlos del hogar porque la orden no llega. Esperemos las próximas notas periodísticas con noticias alentadoras, para achicar las vergüenzas.

*Publicado en  Página/12
5/6/ 2014