El Programa Las Víctimas Contra Las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la coordinación de la Dra. Eva Giberti, tiene como finalidad principal poner en conocimiento de la víctimas cuáles son sus derechos para exigirle al Estado el respeto de los mismos y la sanción de las personas violentas que la hayan agredido. De este modo, se busca que la víctima supere su pasividad y reclame por sus derechos.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

El abuso sexual y los niños

Por Eva Giberti

Es la tercera vez que publico en Página/12 estadísticas referidas al abuso sexual contra niños y niñas; el porcentaje mayor, estimativamente el 80 por ciento, intrafamiliar.
Abusan y violan los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos mayores y los compañeros de la madre que a veces cumplen función paterna.

O sea, la información es pública. En este caso se trata de niños y niñas de la ciudad de Buenos Aires cuyos familiares han recurrido a las comisarías para denunciar el abuso. A veces una madre, una tía o una vecina. Llegan con la víctima de la mano, en oportunidades solamente piden la intervención policial.
La policía inmediatamente se comunica con el Equipo que se ocupa de Delitos contra la Integridad Sexual y depende del Programa las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque tiene un Orden del Día, desde el año 2006, y debe cumplirla; tiene obligación de convocarnos.
El Equipo se hace presente, dialoga con el niño o la niña, además de escuchar al adulto, y automáticamente se convierte en el testigo que habrá de reproducir su diálogo con el niño o la niña en calidad testimonial ante el juez porque es la primera persona técnica que toma contacto con la víctima. El juez atiende este testimonio que le resulta fundamental para la continuidad de la investigación.

Así sucede cuando se puede investigar, tal como recomienda la protección de niños y niñas descripta en los documentos internacionales. La protección es un hecho, no alcanza con las palabras y las quejas agrupadas, voluminosas y reiteradas.
Los números son explícitos. Este Equipo afirma que recibe cinco denuncias diarias por abuso sexual contra niños y niñas. Pero de ellas, tres adultos, después de denunciar, se niegan a instar la causa penal, es decir, a autorizar la investigación, el seguimiento del caso en el ámbito del derecho. O sea, la denuncia se cae, pierde eficacia, porque el abusador no será citado por la Justicia. Eso es exactamente lo que se espera: “cumplir con el deber” de denunciar. Pero que al abusador lo citen en Tribunales, que aparezca quizás un defensor de niños, que se pruebe el abuso y/o la violación y que el sujeto sea detenido... ¡Ah, no! Para tanto no.
Porque podría ser el padre del niño o de la niña, entonces la familia arriesga destruir la vincularidad, y como sabemos la familia debe estar protegida. ¿Y la protección de niños y niñas...? “Sí, bueno, pero no vamos a dejar al chico sin padre... Al fin y al cabo, los chicos se olvidan de esos episodios....” ¿Una niña se olvida que durante años su padre o su abuelo la manoseaban permanentemente y la obligaban a mantener el secreto para que la familia no se enterara? Lamento defraudarlos. Mi consultorio me ha colocado, y continúa sucediendo de ese modo, en contacto con adultas y adultos que a los cuarenta años o más me cuentan angustiados aquello que les sucedió durante su niñez y no pudieron mencionarlo, no hubo posibilidad de una revelación por temor, por vergüenza, y el desasosiego los acompañó durante toda su vida estropeándoles sus vínculos sexuales y sus experiencias vitales enhebradas permanentemente con ese recuerdo.

Los que “olvidaron”... cualquier día de cualquier año, debido a un estímulo inesperado, sienten que algo del pasado les devuelve las vivencias de aquella criatura y recuerdan entre nubosidades borroneadas pero presentes aquellas horas de asco y de terror.

También están aquellos y aquellas que se sobreadaptan a la situación y se mantienen apegados al abusador, entrenados en un sometimiento del que no pueden huir porque descuentan que no les van a creer. ¿Cómo dudar del abuelo que cuida al niñito mientras la mamá trabaja fuera de la casa?

No creerles a los niños y niñas es acumular goces en el océano de perversiones con las que el abusador se satisface.
Entonces, ¿qué hacer? Avanzar con la denuncia es una catástrofe familiar... Abusar de niños y niñas es una catástrofe para la familia y para quienes no pueden defenderse, porque el poder está en manos de los adultos. Los de la familia y aquellos jueces que contribuyen con su negación de los hechos.

Las estadísticas están, la policía, que al lado del Equipo que se ocupa de los Delitos contra la Integridad Sexual toma nota, también. Pendientes, por desidia moral o conveniencia económica, aquellos y aquellas que no avanzan en la denuncia y obligan a niños y a niñas a continuar conviviendo con el abusador.


Violencias ejercidas a Víctimas niñas, niños y adolescentes




Publicado en el diairo Página/12, el día 12 de noviembre del 2014.

miércoles, 1 de octubre de 2014

De la “charla” al sujeto político

Por Eva Giberti

Desde una cercanía ficticia, que puede solventarse desde un escenario o desde una mesa a la misma altura del público, hoy en día los y las conferencistas circulamos replicando la añeja tradición medieval de la cátedra. Es interesante tener en cuenta cuándo apareció la idea de dar una “charla” en lugar de solicitar una conferencia. Parecería que solicitar “una conferencia” constituyese una exigencia y, además, es obvio que debe proponer sus honorarios. No es obvio, pero sería conveniente que así se aprendiera.

La “charla” impresiona como de entrecasa, como si quien la dicta no aportase todos sus conocimientos sino “un poquito”, algo doméstico, como de sobremesa.
Se descuenta que sin honorarios. Imaginando que quien diserta no tuviera que prepararla; se diferencia del conferenciar porque se estima que éste reclama importantes conceptualizaciones.
Habermas y otros se ocuparon de estudiar la historia de los públicos porque era útil para revelar costumbres de las épocas. La experiencia personal enseña que cada vez que una se enfrenta con el público de un ámbito urbano, o de un cordón suburbano o comparte una agrupación tribal, si calcula que quienes asisten sólo pretenden escuchar, se equivoca; lo que estos públicos invitados esperan es que los acompañemos a pronunciar las palabras que coyunturalmente nos han cedido, como un hecho político.

Pero no todos los públicos saben que protagonizan un hecho político. Se lo reconoció de ese modo cuando desde los estertores del terrorismo de Estado pudo rehabilitarse la palabra y la gente, aún temerosa, comenzó a juntarse para contarse y contar lo sucedido. Y aunque la palabra “participación” se instaló en el horizonte, todavía estaba tibia y conversada por una minoría esclarecida.
Hoy en día también se asiste a estos encuentros para aprender acerca de algunos temas. Pero actualmente el público está formado por sujetos políticos con derechos, cuyas preguntas pretenden abrir un poco más el campo del conocimiento, además dar testimonio de su existencia.

Entonces se trata de pensar si a estos públicos se los invita para que escuchen una charla o una conferencia, aunque finalmente quien expone no diferencie el calibre entre una y otra. La charla parece democratizar entre quien expone y el público: como si dijera “somos iguales y vamos a charlar”. Lo cual es excelente. Entonces, ¿la conferencia? ¿Para la universidad? No, evidentemente no. Puede haber conferencias magistrales sin preguntas a posteriori o acompañada por preguntas finales, según el estilo de quien expone. Pero parecería que en la conferencia la categoría del conocimiento se modificase, refinándose.

Resulta interesante analizar a estos públicos que no necesariamente disciernen si asisten a una charla o a una conferencia. El problema lo tiene quien expone, que debe saber hasta dónde va a avanzar en cada circunstancia; si se referirá a una cuidadosa bibliografía o si en una charla repetirá alguna idea célebre de memoria.

Cada oyente lleva consigo no sólo el interés por la escucha, sino su historia personal, los datos de su entorno, su propia filosofía y actualmente la pretensión y convicción política de participar. Este último punto es nuevo, porque si bien en décadas anteriores se participaba, no necesariamente había conciencia de participación como instancia política. Se pedía la palabra, se hablaba, se le respondía o preguntaba al orador, pero la conceptualización de participación pública como icono del hacer política no resultaba evidente.

En la década del ’60, cuando planteábamos la educación de los hijos en Escuela para Padres, los asistentes concurrían en clima de lealtad agradecida por lo que se exponía: no se asumía que hablar de la educación de los hijos era hablar de política.

El público actual sabe que siempre está hablando de política. Lo sabe aunque no tenga conocimiento de ello. Es el saber que no precisa del conocimiento para ser saber. Es el papel activo de los sujetos sociales en la política y en la historia como lo pretendía Gramsci, cuando se juega la libertad del pensamiento y la palabra frente a las democracias liberales que implementaban sujetos a-políticos.
Las preguntas del público actual, a veces dubitativas por el temor de transmitir intimidades si se mencionan temas sexuales, se formulan sin embargo, necesitadas de la escucha. O bien puede ser la narración de una injusticia inadmisible o la denuncia de una arbitrariedad existente. Y no se asemeja a las asambleas barriales del año 2002.

El fenómeno, que aún no es la emancipación gramsciana, es político en el compartir con los otros invitados y no sólo con quien dicta conferencia o “charla”. Aun llamándola “charla”, el público le atribuye la autoridad de la cátedra, cuando en realidad son ellos los protagonistas de la participación política, inclusive cuando desatan la necesidad de “dar testimonio”.

Se escuchan y se agrupan reconociendo el liderazgo de quien expone sin subordinarse obligatoriamente hacia él o ella. Es preferible que quien expone se desmonte de la cátedra para comprometerse con la responsabilidad de estar acuñando, en conjunto, un fenómeno político propio de estos tiempos.

Para quienes tenemos muchos años de vida dictando charlas y conferencias, el registro del cambio es notorio, si bien al público le parece normal proceder como lo hacen. Es normal ahora y nuevo, diferencia que podemos evaluar quienes venimos hablándole al público hace cincuenta años.

“Bueno, pero todo cambia... No hay razón para asombrarse... “Pero sí hay razón para mencionarlo porque los públicos anteriores, habituales en aquellas épocas, eran la contraparte de varios de los actuales públicos y forman parte de la historia de la globalización y de la emergencia del subdesarrollo. Aquellas eran épocas donde todavía no se reconocían los públicos que eran ajenos a las democracias noroccidentales, los que tienen sus propias culturas, campesinas, tribales, transgéneros, villeros, adolescentes, marginales, y que están prescriptos en tanto no comparten los manuales de urbanidad que los convierta en públicos prolijos. Tienen su propio estilo de aprendizaje y de docencia, su propio decir y su escucha. Crean su participación política como efecto de su existencia e ignoran –no quieren saber– que algunos sectores esperan de ellos un acomodamiento disciplinado y el aprendizaje del papel como público según el diccionario, siendo espectadores. Que como tal son participantes de hecho y no de derecho. Porque el participante en ejercicio de derechos es aquel que interviene, actúa y alterna, a veces sustituye el discurso por la intervención. Hasta que logra acoplar discursos e intervenciones y tienen éxito, para sobresalto de quienes charlaban o conferenciaban acerca de ellos cuando eran los públicos ajenos a las democracias noroccidentales, algunos de ellos congelados por los derechos humanos a los que hubo de calentar impulsando intervenciones.

*Publicado el día sábado 27 de Septiembre en el diario Página/12

miércoles, 25 de junio de 2014

Asalto a la identidad

Por Eva Giberti


Cuando un consultante, hombre o mujer, recurre en busca de acompañamiento psicológico para intentar abarcar un problema, puede formularlo de diferentes maneras. Pero cuando ese consultante comienza diciendo: “Yo vengo a verla porque quiero entender si se podrá hacer algo... Yo fui un niño comprado siendo un bebé, recién lo supe cuando ya era grande, tenía 20 años y me lo contó una tía, una hermana de mi madre. Mi madre murió, mi padre también y ahora yo quisiera encontrar algo de mi origen... Algunos datos tengo. Pero no puedo con el malestar que me sigue a todas partes porque no sé en realidad quién soy...”, sabemos que nos enfrentamos con un grave y extendido problema en nuestro país.

La compra de bebés por parte de quienes pretenden adoptar no ha desaparecido de nuestro medio, si bien estas consultas las proponen adultos que llegan desde lejos en el tiempo, desde una vida de torceduras y engaños que se eligió para ellos cuando eran niños, tarea a cargo de adultos cuya responsabilidad fue nula en lo que respecta no sólo a los derechos de un niño, sino a las exigencias de la ley.

“Comprar” un niño así como “venderlo”, dicho sea brutalmente y para evitar tecnicismos que no modifican la circunstancia, es un delito grave que se repite porque persiste “el deseo de ser padres” de innumerables adultos que se sienten “con mucho amor para dar” y no titubean en recurrir al tráfico con niños. La estrategia continúa siendo la misma: se anota a la criatura como habiendo nacido en un domicilio privado y se obtiene la certificación de una profesional de obstetricia que dice haber atendido el parto. La maniobra es conocida particularmente en algunas provincias y cada tanto la policía interviene y leemos la noticia en los diarios. En otras oportunidades, no se finge un parto, se negocia con alguien que “consigue” una criatura hija de alguna población carente al extremo de no poder solventar la crianza de esos hijos.

Sucedió de ese modo y de otros semejantes hace cuarenta, cincuenta años y antes de ayer. Durante años he recibido en mi consultorio a estos hijos a quienes sus padres de crianza les negaron la descripción de sus orígenes dentro de esa familia porque implicaba reconocer el delito. No se ignoraba que ese comportamiento estaba al margen de la ley, pero “el deseo de hijo” era más fuerte. La confusión de dicho deseo con el narcisismo llevado al límite de la exasperación es lo que regula este comercio, que por cierto precisa mujeres que necesiten desprenderse de su cría. Ellas son las que atraviesan por el dolor de la entrega regulada por los intermediarios que se contactan con quienes no titubean en elegir cualquier camino con tal de incluir una criatura en su vida.

Proyectos destinados a intervenir en estos temas existen. No son complicados, alcanza con modificar algunos puntos del Código Penal. Uno de esos anteproyectos se redactó en el Programa las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el año 2008, pero no es el único.

La conjunción actual se produce porque los hijos, aquellos que hace cincuenta años fueron incluidos ilegalmente en una familia, se cruzan, reclamando sus derechos para conocer su identidad y su vida de origen, con los adoptantes futuros a los que se les ofrece la tentación de “obtener rápidamente” un niño.

El tema adopción aunque cuente con legislación que actualmente permite adoptar, posterga, históricamente, la atención política y técnica que permita revisar los contenidos de sus prácticas, la seleccción de los pretensos adoptantes y particularmente la formación e idoneidad de jueces y profesionales que intervienen en el análisis del tema y de sus protagonistas.

Por su parte, el amargo y doloroso intermedio que plantean quienes siendo adultos reclaman, apoyados en las leyes de derechos humanos en general, su aspiración a rescatar datos que les permitan transitar hacia el pasado el recorrido de sus vidas, insisten en la posibilidad de que se les otorgue la alternativa de solicitar a las autoridades pertinentes la autorización para saber cuándo y cómo fueron anotados, por quiénes, qué documentos existen y dónde encontrarlos. Que es posible realizarlo lo vimos en la película Nacidos vivos, donde se encuentra el testimonio, en nuestro país, de quienes se entrevistaron con funcionarios que entendieron y facilitaron el camino, dificilísimo, a veces imposible. Ellos son los nuevos sujetos sociales cuya existencia está regulada por sus reclamos y sus derechos para encontrar datos filiatorios.

Así aparecen las personas que conjugan y conjuran el doble juego; los que fueron inscriptos como adoptivos habiendo sido apropiados durante su infancia y aquellos padres que recientemente han cometido la ilegalidad y solicitan orientación para saber cómo informar a sus hijos acerca de su “adopción”, ya que no saben “hasta dónde contar”: dudan entre dar detalles o sólo confiar en el relato de la adopción, si explicar que le dieron “un dinero a la señora”, cuando en realidad no fue a ella a quien entregaron el precio solicitado por la entrega, o bien si no decir nada porque “no tiene nada de malo pagar por el trámite de encontrar un bebé como queríamos”.

El trabajo con ellos cuenta con la capacidad de los niños que creen en aquello que los adultos narran como “lo verdadero”, de manera que explicarles que se comprometió dinero en el contacto con él o ella, aparece inicialmente como lo normal y esperable. Se naturaliza aquello que la familia cuenta, pero encontramos que prefieren no aclarar porque es probable que el hijo lo repita en algún momento. Entonces el relato de aquello que una adopción pretende ser queda atravesado por la circunstancia del canje niño/dinero.

En décadas anteriores alguien podía argumentar: “No sabía que proceder de ese modo constituía delito”. Más aún, las personas adultas que reclaman datos de su identidad por lo general cuentan que han sido tratadas afectuosamente y que no tienen quejas en “ese sentido”, como si hubiesen sido acompañadas como hijos o hijas. Pero una paternidad o una maternidad sellada por el engaño, el silencio, la trampa al contarle a esa criatura cómo fue su infancia y su niñez deben omitir sus primeros días de vida, y no sólo el parto y el nacimiento. Deben inventar permanentemente un origen y conectarse con ese hijo o hija mediante el engaño y el ocultamiento. O sea, la antítesis de lo que se espera de un vínculo genuino, dispensador de cuidado y protección integral. Cuando estas personas se nuclean, forman entidades que se asemejan a algunas organizaciones que en Estados Unidos funcionan hace décadas, con la misma finalidad: “Necesito saber quiénes fueron mis padres realmente y por qué me dejaron en manos de otras personas”.

Argumento que no es posible desestimar y sin embargo se mantiene sin respuesta para tantas personas. Constituye una forma de la castración simbólica impuesta por el narcisismo adulto que sólo logró pensar y sentir de acuerdo con sus necesidades, desbaratando definitivamente el futuro de los niños apropiados. Que sin duda desarrollan su vida al margen de esta circunstancia hasta que un día alcanzan un nivel de lucidez lo suficientemente agudo como para demandar: “¿Qué me pasó? ¿De dónde vengo? ¿De dónde provengo? ¿Por qué me lo ocultaron? Ellos murieron y ahora yo no tengo forma de saber...”.

Parecería un tema que sólo interesa a adoptantes y adoptivos, y sin embargo existe un universo, una población de adultos que, agrupados o en soledad, piensan cada día en quiénes serían si pudieran saber quiénes fueron y a pesar del respeto amoroso que muchos de ellos guardan hacia quienes los criaron no pueden menos que darse cuenta de que han sido víctimas. Y que la ausencia o carencia de medios para re-escribir sus historias no depende tan sólo del familiar sobreviviente que podría aportar algún recuerdo, sino cabe preguntarse ¿al Estado le corresponde estar ausente del tema o podría implicarse institucionalmente en la autorización para el rastreo de algunos documentos iniciáticos que favoreciesen una búsqueda necesaria?

*Publicado en el diario Página/12.
  25/06/2014