Por Sandra Chaher
Publicado en Artemisa Noticias - "Actualidad"
01 de Noviembre de 2010.
El nuevo ciclo de la política Argentina que empezó en el 2003 con la llegada del kirchnerismo al gobierno tuvo impacto directo e indirecto en las políticas y procesos vinculados al género. No tanto como hubiéramos querido, pero sin duda avanzamos y, sobre todo, en el marco de una política nacional de protección de los derechos humanos y de integración local y regional que no habíamos imaginado.
El emergente más evidente del compromiso con los derechos de las mujeres durante el gobierno de Néstor Kirchner fue sin duda el ex ministro de salud Ginés González García, a quien Kirchner mantuvo de la gestión presidencial de Eduardo Duhalde. Y no sólo por lo que hizo sino por el debate que instaló. GGG habló desde el gobierno de la necesidad de despenalizar el aborto para proteger la salud de las mujeres cuando nadie lo hacía y aceptando el enfrentamiento con la entonces primera dama Cristina Fernández.
Aparte, desarrolló el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, cuya ley había sido aprobada apenas días antes de la asunción de Néstor Kirchner, y apoyó el trámite legislativo y sanción de otras tres normas fundamentales para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población y especialmente de las mujeres: la Ley de Contracepción Quirúrgica (2006), que habilitó que las instituciones del estado realizaran vasectomías y ligaduras de trompas; la Ley Nacional de Educación Sexual (2006); y la Ley de Parto Humanizado (2004).
Antes de irse, GGG dejó concluida la Guía para la Atención de los Abortos no Punibles para la atención pre y post-aborto en las instituciones del Estado que comenzó a ser distribuida este año. El otro gran hito de la gestión de Néstor Kirchner fue la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención para Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés), un reclamo histórico del movimiento de mujeres que tuvo en la actual diputada Juliana Di Tullio, en ese entonces a cargo del Área Mujer de Cancillería, a una estratega consecuente y perseverante.
La designación de dos mujeres como integrantes de la Suprema Corte de Justicia no sólo democratizó el máximo espacio del Poder Judicial en términos de género sino que habilitó políticas de las que ahora vemos frutos: la Oficina de Violencia (ODV), a cargo de Elena Highton; y la Oficina Mujer, a cargo de Carmen Argibay.
Kirchner también nombró a dos mujeres en ministerios no habituales: Felisa Miceli en Economía y Nilda Garré en Defensa. Esta última llevó adelante una política de democratización de las fuerzas armadas que incluyó la perspectiva de género y que se profundizó recientemente con programas específicos sobre violencia.
Por decisión personal de Kirchner también fue creado en el 2006 el Programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, al frente del cual fue designada Eva Giberti. La pasada semana, Giberti recordaba en Canal 7 las características de esta convocatoria: 'Fui llamada por Aníbal Fernández. A la hora de iniciado el encuentro, vino Kirchner a saludarme (…) y me dijo. ‘Mire Eva, nosotros queremos terminar en lo posible con estos temas de violencia, particularmente con las mujeres violadas, con los chicos que son víctimas de abusos sexuales y con las niñas que son víctimas de prostitución. De manera que Eva, con los chicos los tapones de punta. Esta es una idea de Kirchner, un segmento de la vida de Kirchner muy poco conocido. Un ámbito donde las víctimas fueran directamente atendidas. No un ámbito donde fueran a pedir ayuda sino generar un cuerpo de trabajo que fuera al terreno'.
En el 2005 fue aprobado el Plan Nacional contra la Discriminación, en el cual se destaca el género como eje transversal de la discriminación, a fines del 2003 fue aprobada la Ley de Migraciones que contiene especificidades de género, y durante esta gestión también se posibilitó el ingreso al sistema provisional de las mujeres excluidas.
La política de derechos humanos, que no tuvo originalmente perspectiva de género, está permitiendo en la actualidad, con la investigación de la justicia, la visibilización de la violencia específica contra las mujeres perpetrada durante la dictadura militar: violaciones, abusos sexuales y maltratos.
Tanto la política de derechos humanos, como la redistribución de ingresos, la propuesta de autonomía económica con el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el alineamiento regional privilegiando la identidad latinoamericana -cuyo acto emblemático fue el rechazo al ALCA en el 2005- constituyen los ejes de una política de gobierno inclusiva y democratizadora que no habíamos experimentado previamente en Argentina con semejante intensidad e integralidad.
Esa primera gestión de Néstor Kirchner tuvo continuidad y profundización en el gobierno de Cristina Fernández con algunos hechos significativos para las mujeres como la sanción de la Ley de violencia de género, la Asignación Universal por Hijo y la Ley de Matrimonio Igualitario, entre otros.
Hay muchas áreas pendientes de acción política y queda bastante por hacer, pero mientras tanto valoramos una gestión que avanzó en un proyecto de inclusión social, política y económica y confiamos en que será profundizado en esta nueva etapa que se inicia.
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