"Una respuesta eficaz"

La propuesta fue presentada ayer
por los senadores Aníbal Fernández y Elena Corregido.

PROYECTO PARA UNA ATENCION INMEDIATA DE LA VICTIMA. Una iniciativa presentada en el Senado busca generar mecanismos para la protección urgente de la mujer tras la denuncia. Sanción a los funcionarios que no cumplen con la atención a la víctima.

Publicado en Página/12. "El País".

Martes, 21 de Agosto de 2012.

Que las víctimas de “violencia y abuso del poder en el ámbito del grupo familiar” puedan acceder a protección inmediata apenas realizada la denuncia, en lugar de tener que esperar a la evaluación del informe de riesgo, y que quienes obstaculicen una denuncia serán sancionados económicamente. Esas son algunas de las disposiciones de un proyecto de ley que el senador Aníbal Fernández y su colega Elena Corregido dieron a conocer ayer, junto con otro para crear un “Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora”. Ambas iniciativas, explicaron Corregido y Fernández, serán ingresadas hoy por mesa de entradas de la Cámara alta.

“De lo que se trata es de resolver lo grave en lo inmediato”, explicó en diálogo con este diario la senadora Corregido, quien subrayó que el proyecto también habilita que en una denuncia por violencia “pueda intervenir cualquier juez, porque es urgente”, y luego, por ejemplo, parte de las actuaciones pueden migrar del fuero civil al penal. “Lo de la penalización a quienes obstaculicen las denuncias tiene que ver con casos como el de la mujer de Bahía Blanca (N. de R.: quien debió registrar en video la agresión de su ex pareja para que el caso avanzara), que fue muchísimas veces a la fiscalía pero no pasaba nada.” El mensaje, señaló la legisladora, es “que quede claro cada vez más que la violencia es delito”.

El proyecto sobre violencia estipula un “principio de prevención” según el cual “el juez o jueza o tribunal que previniere, aun siendo incompetente, deberá (...) disponer medidas de protección de urgencia”, más allá de las medidas que tome luego quien quede a cargo de la causa. Por “violencia y abuso de poder”, el texto considera a “toda acción, omisión o manipulación crónica, permanente o periódica, generadora de riesgo actual, que afecte la integridad física, psicológica, emocional, sexual, económica o la libertad de un integrante del grupo familiar”.

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