"No hay un testimonio incriminador: hay muchos"

Susana Trimarco se mostró satisfecha con el trabajo
llevado adelante por la fiscalía
y las penas pedidas contra los imputados.

LA FISCALIA PIDIO VEINTICINCO AñOS DE PRISION PARA LOS PRINCIPALES ACUSADOS POR EL SECUESTRO DE MARITA VERON. Siete de los acusados en el juicio que se realiza en Tucumán fueron considerados autores y partícipes necesarios. Los seis restantes, partícipes secundarios. En un alegato emotivo y contundente, la fiscalía pidió la inmediata detención de todos los imputados.

Publicado en Página/12. "Sociedad".

Miércoles, 31 de octubre de 2012.

Por Soledad Vallejos

Desde San Miguel de Tucumán

Una condena a 25 años de prisión. Eso pidió el fiscal Carlos Sale para siete de los trece imputados por secuestrar a Marita Verón y obligarla a prostituirse. Entre esas siete personas se encuentran quienes, a fuerza de testimonios, la fiscalía consideró autores materiales e intelectuales y partícipes necesarios. Para los seis imputados restantes, considerados partícipes secundarios de los mismos delitos, el pedido fue de 12 años y seis meses de prisión. Agregó Sale: “También pido la inmediata detención de todos los imputados” al menos hasta que se dicte el fallo, para garantizar su presencia. En la sala de audiencias, primero sobrevino el silencio. Tras unos instantes de consulta con sus colegas, el presidente del tribunal indicó que el juicio pasaba a cuarto intermedio hasta las 8.30 de esta mañana. Los imputados se pusieron de pie mientras el público abandonaba el lugar. A unos metros, Susana Trimarco se acercaba para abrazar a los fiscales. “Estamos conformes, porque después de escuchar los testimonios, el Ministerio Público Fiscal pidió una pena más elevada que la que había anunciado”, explicó a este diario el abogado de la querella, José D’Antona. Poco después, Trimarco repetiría ante micrófonos la misma satisfacción, pero también que “la única manera de que reparen el daño causado es que digan dónde está, cómo está. Que me la devuelvan”.

La acusación de la fiscalía fue emprendida en dos tramos consecutivos por el fiscal adjunto Sale y el de Cámara Manuel López Rougés, una vez que el abogado Carlos Varela Alvarez hubo terminado el alegato iniciado el lunes. Como parte de la acción civil, explicó Varela Alvarez, su rol era pedir “reparación” para el proyecto de vida de Marita Verón, que fue truncado por su secuestro, desaparición y sometimiento a un mundo de “campos de concentración privados” donde las mujeres son torturadas y explotadas sexualmente. “Que nos traigan el dinero de Marita, lo que no pagaron a Andrea Darrosa, a Patricia Costilla y a todas las demás víctimas de trata”, reclamó Varela Alvarez de frente a los acusados. “Que devuelvan a Marita, que digan dónde está” Marita, que “reconozcan su responsabilidad civil en su privación de la libertad y que pidan disculpas por secuestrarla” y “que paguen por indemnización solidaria la suma simbólica de 1 peso”.

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