El Programa Las Víctimas Contra Las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la coordinación de la Dra. Eva Giberti, tiene como finalidad principal poner en conocimiento de la víctimas cuáles son sus derechos para exigirle al Estado el respeto de los mismos y la sanción de las personas violentas que la hayan agredido. De este modo, se busca que la víctima supere su pasividad y reclame por sus derechos.

viernes, 14 de junio de 2013

"La trama financiera de la última dictadura"

UN INFORME DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES EXPLICA COMO OPERO LA REPRESION EN LA CITY PORTEÑA. Secuestros de empresarios, desapoderamiento de bienes. El terrorismo de Estado también se ocupó de barrer con lo que consideró la “subversión económica”. Adelanto exclusivo del análisis de más de 500 actas del directorio, legajos y entrevistas con las víctimas. 

Publicado en Página/12. "El País".
24.03.2013

El avance de los juicios de lesa humanidad permite conocer nuevas facetas de la última dictadura, incluso empezar a entender el impacto que tuvo en la city porteña, “descontrolada” por el efecto financiero de las políticas de José Alfredo Martínez de Hoz. A raíz de los pedidos de distintos juzgados por la actuación de un grupo de funcionarios durante la última dictadura, la Comisión Nacional de Valores, que encabeza Alejandro Vanoli, creó una oficina de derechos humanos que durante el último año analizó mas de 500 actas del directorio, relevó legajos e hizo entrevistas a una serie de empresarios que fueron secuestrados y desapoderados luego de investigaciones que encaró el organismo en el período 1976-1983. El informe que Página/12 adelanta en exclusivo se presentará mañana. Entre otros datos, señala, por ejemplo, a partir de un primer relevamiento, que el número de empresarios, financistas y agentes de Bolsa secuestrados durante la ultima dictadura asciende a 130, 11 de ellos están desaparecidos. En algunos casos, existió el secuestro completo de directorios y de empleados y el desapoderamiento de bienes. El análisis indica que el pico más alto se produjo a partir de 1978-1979, en coincidencia con la caída del número de desapariciones e ingresos de NN a los cementerios de militantes políticos y sociales. Para la CNV, esto podría ser pensado como una segunda etapa de la represión: “El hecho de que la lucha contra la ‘subversión’ en gran parte estuviera cumplida dejaba una estructura represiva libre para ser utilizada para otros fines”.

El corazón del informe preliminar de la Comisión Nacional de Valores –elaborado por una antropóloga, un historiador y un sociólogo– describe la política de Martínez de Hoz, muestra el caso Acindar y Papel Prensa (ver aparte) y se ocupa de analizar las actas, muchas de las cuales se exponen públicamente por primera vez, para mostrar cómo funcionó el sistema financiero durante la dictadura. En ese esquema, aparece una CNV actuando bajo un doble estándar que articula lo legal con lo clandestino. Por un lado, investiga operaciones financieras fuera de los parámetros de aquella legalidad (o blanquea operaciones a través de omisiones de datos, como sucedió en Papel Prensa). Pero, por otro lado, articula sus investigaciones operativamente con áreas como el Primer Cuerpo del Ejército y envía peritos en “comisión” a Campo de Mayo para interrogar a los empresarios secuestrados. Las denuncias muestran a los interventores en centros clandestinos. Esta “embestida sistemática contra las empresas”, de acuerdo con el informe, se dio en un mundo de roles y poderes cruzados, donde se jugaron internas, y en el que, en algunos casos, secuestrados y secuestradores compartieron espacios de poder.

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