Publicado en Página/12. "Sociedad".
27.03.2013
Por Ciro Annicchiarico. Abogado. Asesor de la Secretaría de Derechos Humanos.
La democratización de la Justicia debe incluir mecanismos para que sea efectiva la responsabilidad funcional y económica de jueces y fiscales cuando, con decisiones contrarias a derecho, dañan la libertad, integridad y bienes de los ciudadanos.
El caso de las hermanas Marina y Ailén Jara, privadas de libertad desde hace dos años por defenderse de una persona que intentaba violar a una de ellas, es un ejemplo emblemático de la imperiosa necesidad de democratización de la administración de justicia en la Argentina. Un sujeto con antecedentes violentos, sospechado además de otros abusos sexuales y de tener cobertura policial, para la Justicia de la provincia de Buenos Aires es más creíble que sus víctimas, dos hermanas de 18 y 19 años que se defendieron de una agresión ilegítima.
El caso ha generado alarma en organizaciones sociales, de derechos humanos y defensoras de los derechos de género. No es para menos: según datos difundidos por referentes que conocen el caso, el agresor, Juan Antonio Leguizamón, vecino de las chicas, estaba obsesionado con Ailén. La acosaba sexualmente, haciendo ostentación de su condición de “pesado con protección”. Ailén no tenía interés en mantener una relación con él. Pese a eso, Leguizamón la siguió, armado, a la salida de un boliche, cuando ella iba con su hermana Marina. Efectuó disparos al aire, se tiró encima de Ailén, la golpeó, intentó desvestirla, y en esa situación Marina sacó de su cartera un cuchillo para untar y defendió a su hermana provocándole al agresor unas lesiones que lo hicieron desistir de su intento. El tipo fue a la comisaría y denunció que Marina y Ailén le habían disparado con un arma. La “investigación” policial no promovió averiguación por el intento de violación que las chicas denunciaron, pero sí se inició sumario por intento de homicidio de Leguizamón. El agresor quedó libre e incausado, y las dos chicas detenidas imputadas de un grave delito. El era la víctima, Marina y Ailén las delincuentes. Pero lo más grave es que quien se supone destinado a aplicar el derecho, a corregir errores y oficiar de última ratio en protección de los derechos, el Poder Judicial, aparece como la gran madre perversa que en vez de sanar y corregir el intento de abuso, lo convalida y legitima. Sanciona a la víctima y premia al agresor. La pérdida de la última de las esperanzas. Como nos enseñara Freud, es la imagen perfecta de lo siniestro.
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El caso de las hermanas Marina y Ailén Jara, privadas de libertad desde hace dos años por defenderse de una persona que intentaba violar a una de ellas, es un ejemplo emblemático de la imperiosa necesidad de democratización de la administración de justicia en la Argentina. Un sujeto con antecedentes violentos, sospechado además de otros abusos sexuales y de tener cobertura policial, para la Justicia de la provincia de Buenos Aires es más creíble que sus víctimas, dos hermanas de 18 y 19 años que se defendieron de una agresión ilegítima.
El caso ha generado alarma en organizaciones sociales, de derechos humanos y defensoras de los derechos de género. No es para menos: según datos difundidos por referentes que conocen el caso, el agresor, Juan Antonio Leguizamón, vecino de las chicas, estaba obsesionado con Ailén. La acosaba sexualmente, haciendo ostentación de su condición de “pesado con protección”. Ailén no tenía interés en mantener una relación con él. Pese a eso, Leguizamón la siguió, armado, a la salida de un boliche, cuando ella iba con su hermana Marina. Efectuó disparos al aire, se tiró encima de Ailén, la golpeó, intentó desvestirla, y en esa situación Marina sacó de su cartera un cuchillo para untar y defendió a su hermana provocándole al agresor unas lesiones que lo hicieron desistir de su intento. El tipo fue a la comisaría y denunció que Marina y Ailén le habían disparado con un arma. La “investigación” policial no promovió averiguación por el intento de violación que las chicas denunciaron, pero sí se inició sumario por intento de homicidio de Leguizamón. El agresor quedó libre e incausado, y las dos chicas detenidas imputadas de un grave delito. El era la víctima, Marina y Ailén las delincuentes. Pero lo más grave es que quien se supone destinado a aplicar el derecho, a corregir errores y oficiar de última ratio en protección de los derechos, el Poder Judicial, aparece como la gran madre perversa que en vez de sanar y corregir el intento de abuso, lo convalida y legitima. Sanciona a la víctima y premia al agresor. La pérdida de la última de las esperanzas. Como nos enseñara Freud, es la imagen perfecta de lo siniestro.
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