El Programa Las Víctimas Contra Las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la coordinación de la Dra. Eva Giberti, tiene como finalidad principal poner en conocimiento de la víctimas cuáles son sus derechos para exigirle al Estado el respeto de los mismos y la sanción de las personas violentas que la hayan agredido. De este modo, se busca que la víctima supere su pasividad y reclame por sus derechos.

lunes, 2 de agosto de 2010

Entrevista a Eva Giberti: La mayor autoridad argentina en adopción

"En Misiones, cuando fui a trabajar hace dos años, había 120 padres inscriptos y unos 300 chicos habían sido entregados ese año a familias de Buenos Aires"

Publicado en Diario MIRADAS al SUR. "Políticas".
Domingo 25 de Julio de 2010.
Por Diego Rosemberg. drosemberg@miradasalsur.com

Eva Giberti es, quizá, la mayor autoridad en adopción de hijos en la Argentina. Tras una extensa carrera en el campo del psicoanálisis y el estudio de la familia como institución, acaba de publicar el libro Adopción en el siglo XXI: leyes y deseos y es presidente del Consejo Asesor del Registro Único de Aspirante a Guarda con Fines Adoptivos, un organismo relativamente nuevo que intenta, entre otras cosas, crear una red de información para evitar que tanto los chicos en situación de adopción emigren de sus lugares de origen como que las familias interesadas recorran el país en busca de niños en condiciones de ser adoptados. En este extenso diálogo con Miradas al Sur, Giberti recorre los principales problemas que presenta un tema que interpela los valores sociales, las políticas de Estado y el funcionamiento de la Justicia.

– ¿Por qué opina que el Estado tiene escasa presencia en el tema de adopción?
– En la década del ’90 se produjo un fenómeno de tercerización y aparecieron las agencias de adopción, mal llamadas ONG porque cobran a los que quieren adoptar para crearles la carpeta que necesitan presentar en los juzgados. Esa carpeta contiene entrevistas psicológicas y psicosociales. Es la que después llevan a los juzgados de las provincias para que los jueces que tienen niños en disponibilidad de adopción las evalúen. Esa carpeta suele costar entre cinco mil y diez mil pesos. La cifra también incluye los cursos que les daban a esos padres, que en realidad pasaron a ser clientes. Hace unos días, por suerte, en la Ciudad se prohibió que estas organizaciones realizaran las carpetas, ahora sólo pueden dar cursos.

– ¿Cuál era la ventaja que esta carpeta la hiciera una agencia en vez de un juzgado?
– Estas agencias, algunas muy ligadas a instituciones religiosas, tienen contactos muy directos con jueces del interior que privilegian a las familias que quieren adoptar que llegan a través de estas organizaciones por sobre el orden de antigüedad. Se basan en el decreto 1022 que confiere al juez derecho discrecional a elegir a qué familia entrega al chico basándose en el interés superior del niño. Esto hace que una familia que recién armó su carpeta pueda adoptar y una que la hizo hace cinco años continúe en la espera. Después hay otras situaciones muy particulares: en Misiones, por ejemplo, se toma contacto con una madre de origen, a través de un estudio de abogados –por lo menos hay tres que se dedican al asunto– que tienen marcadas a las mamás que no quieren o no pueden hacerse cargo de su nuevo hijo. Estos abogados cobran por hacer el contacto. Cuando el niño nace, se presentan las dos familias ante el juez y la madre del chico le dice que quiere entregarle el bebé a esa otra familia que ni siquiera conoce. El juez concede la guarda provisoria y al tiempo la adopción. Esta relación está fuertemente regulada por las posibilidades económicas, no sólo porque hay que pagar al estudio de abogados, sino porque hay que viajar a Misiones, quedase allí el tiempo que el juez lo disponga... es un tipo de adopción legal pero no es legítima.

– ¿Qué le quita legitimidad?
– Esa criatura no es cedida de acuerdo con un orden de prelación, el trámite no respeta el número de orden, se saltean a todos los que están antes, y es uno de los motivos por los que se acumulan otras familias que esperan durante años para poder adoptar. Además, la ley indica que lo prioritario para un chico es no salir de su región. En Misiones, cuando fui a trabajar hace dos años, había 120 padres inscriptos para adoptar y unos 300 chicos habían sido entregados ese año a familias de Buenos Aires. La idea del nuevo registro es que un juez privilegie a las familias de su región, si no consigue adoptantes allí entonces sí recurra a los de las otras provincias. Hasta ahora, la lógica del mecanismo dice que si tengo disponibilidad económica puedo garantizarme una criatura.

– ¿Los que utilizan este sistema dicen que lo hacen porque de otra manera tendrían que esperar mucho tiempo?
– La demora no tiene que ver con la burocracia. El estudio de una familia lleva seis meses, ocho como mucho. La demora es porque no aparecen las criaturas porque se van a otro camino: porque un juez se lo entrega a organizaciones amigas, porque la gente viaja a la provincia y se viene con un chico que debería ser entregado según el orden de la lista o por los que adoptan a través de las guardas puestas.

– ¿Qué son las guardas puestas?
– Las guardas puestas las recomiendan, desgraciadamente, algunos estudios jurídicos. Consiguen a una chica que no quiere tener a su criatura y está dispuesta a dársela a una familia. Es un sistema que trabaja con reclutadoras y reclutadores, porque no es fácil andar cruzándose con mujeres embarazadas que no quieran tener a su hijo. Cuando el bebé nace, se lo dan a la familia que quiere adoptar. Lo cría durante un año y después se presenta en el juzgado solicitando la guarda. El juez no se atreve a sacarle el chico, aunque sepa que la adopción es irregular. Tiene miedo a que los psicólogos lo acusen de generarle un trauma o que caiga un canal de televisión y arme un escándalo. Entonces otorga la adopción. A diferencia del caso anterior, acá no interviene el juez hasta el año del chico. Los adoptantes tratan con abogados y reclutadores que se quedan con el dinero que cobran por contactarlos con la parturienta.

– ¿El juez puede quitarles el chico sin ocasionarle un trauma?
– Pensar que se le va a generar un trastorno que lo va a transformar en un psicótico es un grave error, producto de la indigestión psicoanalítica de mis colegas. Se va a producir una situación traumática porque primero pierde a su madre de origen y después lo sacás de la familia que lo crió durante un año. Pero la situación traumática no equivale a un diagnóstico definitivo de neurosis o psicosis. A medida que pasa el tiempo aparecen procesos que te recolocan en el mundo de una manera distinta, sino significaría que el resto de tu vida no tiene peso. Una situación traumática al año es mucho menos grave que ser criado por una familia que empezó su vida trampeando a la ley y riéndose de los jueces. ¿Cómo le va a explicar su origen a los chicos cuando crezcan? Van a empezar diciendo que arreglaron con la mamá de origen desde que estaba en la panza y es mentira, arreglaron con los abogados.

– También se suele hablar de tráfico de chicos.
– El tráfico ya no sólo que no es legítimo, sino que es ilegal. Directamente el reclutador está en contacto con una partera y le da la criatura a la familia que la anota como propia. Eso es sustracción de identidad y salta en la adolescencia, cuando el chico quiere saber cuál es su origen y ya no hay forma de volver atrás, no existen papeles.

– Así como identificó a Misiones con el sistema de adopción directa, ¿se puede determinar algún distrito en particular donde abunda el tráfico?
– No es que sepamos, pero sospechamos de algunas provincias del norte.
Muchas de las familias que esperan por adoptar se preguntan cómo puede ser que no haya niños en disponibilidad de adopción con la cantidad de chicos que están institucionalizados.
Es un argumento ultraválido. Pero acá otra vez tenemos que considerar el accionar de los jueces. Hay chicos que están en las instituciones y reciben la visita de su madre o su padre cada seis meses, que es el plazo que establece la ley para no perder la patria potestad. Pero un juez podría considerar que hay negligencia y quitarle la patria potestad y poner a la criatura en manos de una familia adoptante. Algunos consideran que eso es judicializar la pobreza. Yo creo que hay que analizar caso por caso, porque de esta manera un chico está desde los tres años hasta los ocho en un instituto pudiendo haber estado con una familia. Después hay otra cosa, las instituciones cobran por cada chico que reciben, no es mucho pero se sostienen con eso. Y a veces no denuncian que a los chicos no los van a visitar para seguir cobrando. Hay que tener en cuenta el interés superior del niño, que es que lo saquen de la institución. Diferente es el caso de los chicos en situación de calle, porque todos ellos tienen un padre y una madre, a cuyo ámbito vuelven con lo que consiguieron trabajando en la vía pública. Entonces no están en situación de adoptabilidad.

– ¿Por qué casi todas las familias adoptantes sólo quieren a recién nacidos?
– Es un grave error. Pero también es comprensible cuando argumentan que les va a instalar una nueva historia de vida en la casa. Ese chico pudo haber estado institucionalizado, pudo haber tenido un padre preso, y hay que saber respetar cuidadosamente esas historias. Por eso no cualquiera puede adoptar. Tiene que tener sentido del humor, tolerancia, paciencia y respeto de esa vida previa. No hay que pretender que el hijo se nos parezca, hay que ahijarlo, ayudarlo a sobrevivir. Y saber que puede haber tropiezos. Los chicos por ahí tienen costumbres de barrios populares, diferentes a las de los adoptantes. Si van a adoptar a un chico de cinco años y lo quieren poner en un colegio inglés, es probable que tenga problemas. No es que haya que aplastarlo pero sí darle una educación que tenga que ver con sus orígenes. Hay que generarle intereses que no tiene, pero también respetarle los propios.

– Usted dijo que hay jueces de fuerte raigambre religiosa, ¿el sistema está abierto para dar en adopción chicos a matrimonios igualitarios?
– Progresivamente ya se van entregando cada vez más a familias monoparentales. En general, entregan chicos a partir de tres años. Pero con matrimonios igualitarios veremos qué sucede. Pero si ya hay jueces que se niegan a casar homosexuales el panorama no es muy alentador. Lo que los chicos precisan son personas tutelares, que se comprometan a criarlos y protegerlos, no importa el género que tengan. Nunca he visto patologías específicas en chicos criados por homosexuales, pero sí molestias en el mundo externo.

– ¿Por ejemplo?
– En la escuela o en el jardín de infantes, que a un hijo de heterosexuales no lo dejan ir a la fiesta de cumpleaños de un compañero porque es criado por homosexuales. El problema no es de la pareja ni del chico, sino de la sociedad que tendrá que irse dando cuenta de que las familias no son lo que dicen los libros, sino que son de distinta índole y responden a distintos cánones.


Un registro único para evitar arbitrariedades

El Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos va, poco a poco, recobrando su rumbo. Había nacido con escasa fortuna en 2005, con el objetivo de hacer un listado nacional que incluya a todos las familias que desean adoptar hijos y fijar un orden de prelación, según la antigüedad de la inscripción. Sin embargo, la mayoría de las provincias no adhirió al proyecto, que quedó agonizando. En octubre del año pasado, un decreto redefinió las funciones del organismo y le permitió revivir.

El proyecto original no había logrado consensos porque las provincias consideraban que avasallaba su autonomía y que dejaba de lado a la Convención de los Derechos de los Niños/as y Adolescentes que establece que debe respetarse el lugar de origen de un chico. “Ese registro implicaba que la mayoría de los niños sean adoptados por gente de Buenos Aires, donde se encuentra la mayor cantidad de aspirantes y que los chicos abandonen sus lugares de nacimiento. Un chico de Jujuy podía terminar en Santa Cruz”, explica Federica Otero, directora del nuevo Registro.

La nueva disposición ya no habla de un registro único, sino de una red de registros provinciales. Cada uno mantiene autonomía y fija un orden de prelación para su propio distrito. Si existe el caso de un niño con posibilidades de ser adoptado y no hay familias en condiciones de hacerlo en esa provincia, entonces sí busca en los listados del resto del país.

“Este registro nos permitirá evitar que las familias que desean adoptar deambulen por el país llevando su carpeta, que se respeten los derechos del niño y que tengamos información fidedigna, hasta ahora inexistente”, señala Otero.

Por el momento, nueve provincias ya adhirieron a la red. Unas 1.400 personas que quieren adoptar ya se incorporaron a la base de datos y otras 3.000 –pertenecientes a la provincia de Buenos Aires– están por incorporarse. De ellas, el 90 por ciento desea un bebé menor a un año, el 66 por ciento aceptaría un chico de tres y apenas un 15 por ciento un chico de seis. Sólo un uno por ciento desea criar a un chico que ya cumplió los diez años. Además, nada más que un tres por ciento de los aspirantes adoptaría a un chico que pudiera mantener algún vínculo con su familia de origen y un uno por ciento aceptaría a niños con patologías complejas.

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