El primer bimestre del año 2012 anticipa un año con tensiones entre distintos paradigmas en la implementación de políticas de drogas en América Latina.
Mientras en Brasil se avanza en operativos represivos que generan diversos posicionamientos, como las “cracolandias” en San Pablo o las llamadas “policías pacificadoras” en Río, en México la guerr...a continúa multiplicando el número de personas asesinadas (que ya supera la cantidad de desaparecidos en la Argentina durante la última dictadura) y en Perú se destituyó al reconocido especialista Ricardo Soberón como titular del organismo sobre drogas (DEVIDA), en Bolivia se avanza en la sanción de una ley de Coca que legaliza cultivos, en Guatemala el presidente Otto Pérez abre el debate sobre regular el tráfico y, en Colombia, por primera vez, se crea un comité permanente por la despenalización.
En esta tensión entre paradigmas, queda abierto el interrogante sobre la Argentina, tras la reciente designación de Rafael Bielsa en reemplazo de José Ramón Granero al frente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). Las expectativas se centran en qué políticas públicas traducirá su gestión al frente de un organismo que, como ya se ha señalado desde la asociación civil Intercambios en otras ocasiones, tiene por delante una enorme tarea en materia de salud pública: 1) Propiciar que se incorpore de forma masiva a los centros de atención primaria y a los hospitales como dispositivos de atención de los usuarios de drogas; 2) Comenzar a promover las estrategias de reducción de daños, de probada efectividad para mejorar la calidad de vida de los usuarios de drogas y 3) Impulsar el desarrollo de dispositivos de bajo umbral, para atender y contene r en territorio a quienes desde diversas situaciones de consumo no están dispuestos a un tratamiento en ese momento.
Desde la Asociación Civil Intercambios, esperamos que en esta nueva etapa se sigan los lineamientos propuestos por la ley de Salud Mental, la jurisprudencia de la Corte Suprema con el Fallo Arriola y las orientaciones del Ministerio de Educación de la Nación en materia de prevención. Mientras tanto, es necesario que el Congreso Nacional avance en la sanción de una nueva ley de estupefacientes que elimine la criminalización a los usuarios de drogas. Es decir, políticas que configuren una respuesta integral, con eje en los derechos humanos y la salud pública.
Mientras en Brasil se avanza en operativos represivos que generan diversos posicionamientos, como las “cracolandias” en San Pablo o las llamadas “policías pacificadoras” en Río, en México la guerr...a continúa multiplicando el número de personas asesinadas (que ya supera la cantidad de desaparecidos en la Argentina durante la última dictadura) y en Perú se destituyó al reconocido especialista Ricardo Soberón como titular del organismo sobre drogas (DEVIDA), en Bolivia se avanza en la sanción de una ley de Coca que legaliza cultivos, en Guatemala el presidente Otto Pérez abre el debate sobre regular el tráfico y, en Colombia, por primera vez, se crea un comité permanente por la despenalización.
En esta tensión entre paradigmas, queda abierto el interrogante sobre la Argentina, tras la reciente designación de Rafael Bielsa en reemplazo de José Ramón Granero al frente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). Las expectativas se centran en qué políticas públicas traducirá su gestión al frente de un organismo que, como ya se ha señalado desde la asociación civil Intercambios en otras ocasiones, tiene por delante una enorme tarea en materia de salud pública: 1) Propiciar que se incorpore de forma masiva a los centros de atención primaria y a los hospitales como dispositivos de atención de los usuarios de drogas; 2) Comenzar a promover las estrategias de reducción de daños, de probada efectividad para mejorar la calidad de vida de los usuarios de drogas y 3) Impulsar el desarrollo de dispositivos de bajo umbral, para atender y contene r en territorio a quienes desde diversas situaciones de consumo no están dispuestos a un tratamiento en ese momento.
Desde la Asociación Civil Intercambios, esperamos que en esta nueva etapa se sigan los lineamientos propuestos por la ley de Salud Mental, la jurisprudencia de la Corte Suprema con el Fallo Arriola y las orientaciones del Ministerio de Educación de la Nación en materia de prevención. Mientras tanto, es necesario que el Congreso Nacional avance en la sanción de una nueva ley de estupefacientes que elimine la criminalización a los usuarios de drogas. Es decir, políticas que configuren una respuesta integral, con eje en los derechos humanos y la salud pública.
Intercambios. Ideas pra la reforma de la politica de drogas.
Boletin N° XXXIV. Febrero, 2012.
"Intercambios". Asociación Cilvil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas.
Boletin N° XXXIV. Febrero, 2012.
"Intercambios". Asociación Cilvil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas.
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