LA IGLESIA RECONOCE LA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO SOBRE EL ASESINATO DE LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS. El Episcopado confirmó ante la Justicia que desde 1978 sabía que la dictadura militar asesinaba a las personas detenidas-desaparecidas, cosa que nunca hizo pública. La tardía admisión se produjo con el reconocimiento de la autenticidad del documento publicado aquí el domingo 6 de mayo sobre el diálogo secreto con el dictador Jorge Videla del 10 de abril de ese año. Pese a ello tanto el Episcopado como el Vaticano y la gran prensa guardan silencio.
Publicado en Página/12. "El País".
Domingo, 27 de Mayo de 2012.
Por Horacio Verbitsky
La Iglesia Católica confirmó por primera vez ante la Justicia que por lo menos desde 1978 sabía que la dictadura militar asesinaba a las personas detenidas-desaparecidas, cosa que nunca hizo pública, y que sus máximas autoridades discutieron con el jefe supremo de la dictadura cómo manejar la información sobre esos crímenes. La tardía admisión se produjo con el reconocimiento de la autenticidad del documento publicado aquí el domingo 6 de mayo sobre el diálogo secreto con el dictador Jorge Videla del 10 de abril de 1978, luego de un almuerzo del que participaron los tres miembros de la Comisión Ejecutiva que conducía a la institución. Pese a ello tanto el Episcopado como el Vaticano y la gran prensa siguen guardando un escandaloso silencio.
La cuestión de las listas
La judicialización del documento eclesiástico se produjo en la causa abierta para determinar lo sucedido con los restos de Roberto Santucho, a pedido de su familia, representada por el abogado Pablo Llonto. Santucho fue abatido por una partida del Ejército el 19 de julio de 1976 y su cuerpo exhibido a la prensa en Campo de Mayo, pero luego desapareció sin explicaciones. A raíz de la confesión de Videla a un periodista español y otro argentino sobre el asesinato de los detenidos-desaparecidos, la jueza federal de San Martín, Martina Forns, a cargo de esa causa, citó a declarar al ex dictador. Videla dijo que él había decidido ocultar el destino de los restos de Santucho para evitar homenajes pero que quien sabía qué habían hecho con ellos era el entonces jefe de Campo de Mayo, general Santiago Riveros. Ante el cuidadoso interrogatorio preparado por Forns, Videla respondió sus preguntas durante más de tres horas. Sin eufemismos dijo que los detenidos-desaparecidos eran “condenados” y “ejecutados” y que ese método se había adoptado por comodidad porque creían que “no provocaba el impacto de un fusilamiento público”, que “la sociedad no lo iba a tolerar”. Agregó que “era difícil pensar que tantas personas podían ser juzgadas y la Justicia estaba asustada por la persecución que habían sufrido los jueces” del Camarón, el tribunal especial que actuó entre 1971 y 1973 durante la penúltima dictadura. Cuando Forns lo interrogó sobre las listas de personas detenidas-desaparecidas, Videla contestó que eran incompletas y que no se publicaron, porque contenían errores e inexactitudes y no hubo acuerdo entre las tres Fuerzas Armadas que compartían el gobierno. Agregó que la información sobre el destino de cada persona es “una obligación moral” pero que no es fácil cumplir con ella “por la forma tabicada en que se procedía y en algunos casos no hay rastros de eso y no puede publicarse a medias”.
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