El Programa Las Víctimas Contra Las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la coordinación de la Dra. Eva Giberti, tiene como finalidad principal poner en conocimiento de la víctimas cuáles son sus derechos para exigirle al Estado el respeto de los mismos y la sanción de las personas violentas que la hayan agredido. De este modo, se busca que la víctima supere su pasividad y reclame por sus derechos.

viernes, 26 de abril de 2013

"Se me cruzó mi apropiador en bicicleta"

LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS RECLAMARAN MAS CONTROLES EN LAS PRISIONES DOMICILIARIAS. Represores con prisión domiciliaria han violado sus condiciones de detención en varias oportunidades. Los organismos de derechos humanos reclaman mecanismos de control más claros y permanentes sobre estos reos. 

 Publicado en Página/12. "El País".
11.02.2013

“Hoy, mientras paseaba a mi perri(ta) querida, se me cruzó de frente mi apropiador en bicicleta... ¡¡¡sí, el mismo que decía que no está en condiciones de afrontar un juicio oral por cuestiones de salud, el mismo que tiene prisión domiciliaria!!! Paseaba por enfrente de mi casa... le faltó sacarme la lengua”, escribió el 16 de enero en su muro de Facebook Catalina de Sanctis Ovando, una hija de desaparecidos que recuperó su identidad cuatro años atrás. El represor, Carlos Hidalgo Garzón, quien solía gritarle “subversiva” cuando aún se hacía pasar por su padre, está procesado por más de 200 delitos de lesa humanidad y gozaba de arresto domiciliario en un geriátrico de Belgrano, de donde salía sin problema a pasear por la bicisenda. También se conoció la semana pasada, por un video de la agrupación H.I.J.O.S., que el médico que atendía partos clandestinos en la dictadura Jorge Luis Magnacco paseaba por el Patio Bullrich del brazo de su mujer y caminaba plácido por las calles de Barrio Norte, burlando la detención en su domicilio. Lo hacía gracias al permiso para ir a Tribunales y volver por sus propios medios que le dio el tribunal oral que lo juzga por los crímenes en la ESMA. En ese contexto, los organismos de derechos humanos reclaman un mecanismo de control claro y constante sobre los represores que, por edad o supuesta enfermedad, permanecen detenidos en sus casas. Los actores judiciales y políticos asumen una falla pero juegan al gran bonete. Se han analizado desde reformas legales o reglamentarias hasta la pulsera electrónica, pero aún no hay cambios.

De las 813 personas que están detenidas por crímenes de la última dictadura, el 58,9 por ciento está en unidades penitenciarias; 2,2 por ciento se encuentra en dependencias de fuerzas de seguridad provinciales o federales, 1,1 en hospitales y 37,8 por ciento con detención domiciliaria. Es decir, los represores que están en sus casas son algo más de 300. Así surge del último informe de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de la Procuración General.

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