UN TRIBUNAL DE CORDOBA DECLARO INCONSTITUCIONAL EL PROTOCOLO DE ATENCION DE ABORTOS NO PUNIBLES. El fallo unánime de tres camaristas priva a las mujeres cordobesas de acceder a un derecho que reconoció la Corte Suprema. Uno de los jueces es un cuadro de la Iglesia Católica cordobesa y había sido recusado por el gobierno provincial.
Publicado en Página/ 12. "Sociedad".
22.05.2013
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de Córdoba declaró por unanimidad inconstitucional la aplicación del protocolo de atención de los abortos no punibles establecido por una resolución ministerial del gobierno de la provincia, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, dictado un año atrás. Uno de los tres jueces que integran la Cámara, Guillermo Barrera Buteler –a cuyo voto adhirieron los otros dos–, forma parte de una asociación de académicos que es “tribuna activa de la Iglesia” –como informa la entidad en su página web– y en un artículo publicado a poco de conocerse la sentencia del máximo tribunal sobre abortos no punibles, lo cuestionó en duros términos. Sin embargo, aunque la provincia recusó al magistrado por adelantar su opinión, el planteo fue rechazado.
La sentencia de la Cámara no sólo desconoce la histórica resolución de la Corte, sino además “el sistema de control de constitucionalidad pautado en el artículo 31 de la Constitución Nacional”, al sostener que prevalecen las normas provinciales y la autonomía provincial por sobre la decisión del Congreso de la Nación de autorizar los abortos en caso de peligro en la salud o vida de las mujeres y de embarazos provenientes de violación, como está contemplado en el Código Penal, advirtió la abogada Natalia Milisenda, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir, querellante en la causa. La entidad adelantó que presentará una apelación.
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La sentencia de la Cámara no sólo desconoce la histórica resolución de la Corte, sino además “el sistema de control de constitucionalidad pautado en el artículo 31 de la Constitución Nacional”, al sostener que prevalecen las normas provinciales y la autonomía provincial por sobre la decisión del Congreso de la Nación de autorizar los abortos en caso de peligro en la salud o vida de las mujeres y de embarazos provenientes de violación, como está contemplado en el Código Penal, advirtió la abogada Natalia Milisenda, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir, querellante en la causa. La entidad adelantó que presentará una apelación.
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